Graves señalamientos y renuncias en las Juntas de Conciliación del Mitradel afectan el acceso a justicia laboral
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La situación en las Juntas de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) está generando una ola de quejas por parte de sectores laborales, quienes denuncian retrasos, falta de imparcialidad y una administración judicial que, según algunos críticos, favorece a las empresas por encima de los derechos de los trabajadores.
Esta problemática ha alcanzado tal magnitud que el propio director de las Juntas de Conciliación, recientemente designado, presentó su renuncia, desconociéndose las causas, pero provocando un fuerte impacto en el sistema laboral.
Falta de recursos y condiciones laborales precarias
Víctor Collado, asesor legal del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), declaró que la carencia de recursos y personal en las Juntas de Conciliación contribuye a un ambiente de trabajo poco eficiente y desorganizado.
Según Collado, la falta de notificadores, vehículos y equipo de oficina adecuado ha retrasado significativamente el desarrollo de audiencias, lo cual perjudica tanto a los trabajadores como a las empresas.
En sus palabras, “la falta de personal y recursos necesarios ocasiona que los casos se demoren, afectando especialmente a los trabajadores, quienes dependen de resoluciones rápidas para proteger sus derechos”.
Además, Collado mencionó que las oficinas carecen incluso de materiales básicos como papelería y computadoras, lo que obliga al personal a compartir equipo de trabajo.
Esta situación ha afectado la eficiencia y ha retrasado los procesos judiciales, causando una percepción generalizada de ineficiencia en el sistema de justicia laboral panameño.
Imparcialidad y profesionalismo en duda
El abogado laboralista Martín González enfatizó que el nombramiento reciente de coordinadores sin experiencia en Derecho Laboral representa un obstáculo adicional para una administración de justicia imparcial y eficiente.
González sostiene que las designaciones han sido motivadas por intereses políticos más que por méritos profesionales.
En sus palabras, “las Juntas de Conciliación deben ser dirigidas por profesionales con experiencia en la materia, no por personas que respondan a intereses políticos”.
Este problema, según González, ha agravado la percepción de parcialidad y la sensación de que las Juntas actúan en favor de la empresa privada.
González, quien ha sido crítico del manejo de la ministra de Trabajo, considera que la administración actual no está tomando en cuenta la necesidad de mantener la independencia de los tribunales laborales.
En su opinión, la influencia de políticas partidistas en el sistema de justicia laboral ha afectado negativamente a los trabajadores, especialmente a los jóvenes que buscan iniciar su carrera profesional con protección de sus derechos.
Renuncia del director y presiones políticas
Uno de los puntos más polémicos ha sido la renuncia del director de las Juntas de Conciliación, quien, según González, decidió dimitir para evitar comprometer su carrera profesional.
Este hecho ha sido señalado como un reflejo de la inestabilidad dentro del sistema y la falta de autonomía en la toma de decisiones laborales, las cuales deberían estar enfocadas exclusivamente en la protección de los derechos de los trabajadores.
Según González, esta situación es alarmante porque evidencia que el sistema de justicia laboral está siendo manipulado por intereses políticos. “La administración de justicia debe ser profesional, independiente y autónoma, especialmente en un contexto donde el propio presidente ha declarado su enfoque proempresa”, afirmó González.
Consecuencias para los trabajadores
El ambiente en las Juntas de Conciliación ha llegado a tal punto que los trabajadores se ven obligados a esperar largos periodos para que sus casos sean atendidos, mientras que los representantes de las empresas, quienes cuentan con mayor experiencia y recursos, pueden utilizar los retrasos a su favor.
Esto, según Collado, crea una disparidad en el sistema de justicia que perjudica a los trabajadores y favorece a las empresas, ya que los empleadores suelen tener abogados más experimentados y capacitados en el ámbito laboral.
La postura del Gobierno y el enfoque proempresa
El presidente José Raúl Mulino ha expresado públicamente su inclinación hacia un gobierno que promueve el desarrollo de la empresa privada, lo cual ha sido interpretado como una señal de favoritismo hacia el sector empresarial.
Según González, esta postura del Ejecutivo podría estar influyendo en las decisiones tomadas en el Mitradel, generando un clima en el que los derechos laborales de los trabajadores quedan en segundo plano frente a los intereses de la empresa privada.
“Podría estar de acuerdo con un gobierno que apoye a la empresa privada, pero no cuando esto signifique vulnerar la Constitución y las leyes laborales”, puntualizó el abogado.
Esta situación, argumentan los especialistas, no solo afecta a los trabajadores, sino también a la estabilidad y la credibilidad del sistema de justicia laboral en el país.
La falta de recursos, los retrasos, la falta de imparcialidad y las renuncias de directivos competentes han llevado a los sectores laborales a cuestionar la efectividad y transparencia de las Juntas de Conciliación del Mitradel.
Urgen reformas y garantías de independencia
Ante esta problemática, se hace un llamado urgente a las autoridades para reformar el sistema de justicia laboral y garantizar que los tribunales laborales puedan operar de forma autónoma, independiente y libre de influencias políticas.
Tanto Collado como González coinciden en que las Juntas de Conciliación necesitan una mayor inversión en recursos, nombramientos basados en mérito y experiencia, y una política de independencia que permita que las resoluciones se tomen en favor de los trabajadores y no de intereses partidistas o empresariales.