Inseguridad  y corrupción nos ahogan

Por  Zulay Rodríguez

 

Los medios de  comunicación  cumplen  con una responsabilidad  social, basada en la información de los  hechos  más importantes  del acontecer  nacional  y uno de  ellos  lo lidera  la espiral de  violencia que  azota a los  panameños  que  viven constantemente en  un  estado de indefensión.

Mantener  el discurso  de  la percepción  y no aceptar  la realidad de   un país, prácticamente secuestrado  por la delincuencia, al extremo  de  que  las familias  sienten  temor  de  salir  en las  noches  a disfrutar  de una cena,    de  una  película  o  de  celebrar  alguna fecha,  significa   vivir  en otro   país  que no es  Panamá.

Señor  Presidente  de la  República, la ola  delictiva  se incrementa cada  día, con nuevas modalidades,  con un  ingenio  creativo  que emerge  de  las  nuevas  herramientas  tecnológicas, sin embargo,  observamos  a una  Policía  Nacional,  rezagada y  poco  dispuesta  a someter  el desafío  permanente  del  hampa  que se  ha tomado  las calles.

Los últimos  reportes de los medios de  comunicación, dan cuenta  de acciones  delictivas  en contra  de  dos magistradas  del Segundo Tribunal  Superior  de  Justicia, de  asaltos, secuestros  y asesinatos de ciudadanos honestos  cuyo pecado   fue salir  a trabajar  para lograr  el sustento de  sus  familiares.

Los discursos de transparencia e  institucionalidad  se  ahogan,  frente  al  crudo escenario  de  una nación  que  pide a gritos  mayor  seguridad  y  castigo  ejemplar a todos  los que  cruzan los límites de la legalidad y que deben  sufrir  el escarnio  de  las sanciones penales  que tengan lugar.

Escurrir el bulto, sosteniendo  que  la inseguridad  del país es solo   una percepción, la cual se suma  a “algunos” medios  de comunicación obsesionados, es irrespetar a todos los ciudadanos  que confiaron en  su propuesta de  campaña  de un  mejor  Panamá, del  “Pueblo  Primero”. Pero llegó  la gran decepción.

“ Es muy  fácil hablar de “percepción negativa”, cuando se  goza de la  seguridad del  Estado, mientras  el  panameño de  a pie es  víctima del crimen”.  Necesitamos  una  política  de seguridad  efectiva, porque  el  panameño  no puede vivir  secuestrado  en sus hogares.

Alto costo de la  vida

Otro de los aspectos  que  mantiene  al ciudadano  en  un estado  de preocupación, lo representa  el alto costo de los alimentos, debido a una fallida  política  de Control de Precios  que  ha provocado una especulación salvaje, permitiendo que los  restantes productos de la  Canasta Básica  Familiar se hayan  disparado  a precios muchas veces, inalcanzables  para  el consumidor.

A  esto le  agregamos  la abusiva  política  de  importación de productos  agrícolas  que se convierten en  un  golpe  al  hígado a los productores, que  en plena  cosecha  son invadidos  por mercadería a  precios  inferiores, obligándolos  a  vender   con márgenes  mínimos de ganancia.

Hasta el momento, la promesa  de ayudar  al hombre de campo, a los pequeños productores  con  préstamos  y  nueva tecnología, no ha sido  más que promesas  que  se  han   perdido en el tiempo, gracias a los intereses de grandes  sectores  económicos que han impuesto  la agenda  en la política agropecuaria.

Transparencia  y corrupción

Las  alertas  se  activan  cuando  en materia  de  justicia, desde Brasil  nos cuestionan  por la falta  de colaboración del Ministerio  Público  en el  escándalo de corrupción  denominado  “Lava  jato”  y en el que se  nos solicita  información relativa  a empresas  de esa nación  suramericana que presuntamente  forman  parte  activa de estas  acciones  criminales.

Por qué la señora  procuradora  no  coopera,  a quién  se  está protegiendo  para evitar  que  sea  alcanzado  por al brazo de la justicia?

La  falta de  transparencia  en actos públicos millonarios  en el Ministerio de  Vivienda, en la  Caja de  Seguro  Social, en el aeropuerto de  Tocumen  y  la falta  de disposición  por parte  de la  Contraloría  General de la República por investigar  estas  irregularidades,  dejan en evidencia que estamos  ante  un gobierno  que sacrifica  el manejo  correcto  y pristino  de  los  recursos del Estado  por mejorar las arcas  personales  de  varios  personeros  del gobierno. En otras  palabras, más  de lo  mismo  y aumentado.

La institucionalidad de  un  país se  mide  en función  de  una cultura de legalidad, en función de compromiso  de sus servidores  públicos  que  deben estar dispuestos  a resolver los  graves  problemas  nacionales  de inseguridad, educación, vivienda, salud  y respeto  por  los  derechos humanos.

Cuando  un  gobierno se  aleja  del cumplimiento de  sus  promesas de campaña en   favor del pueblo y apunta  a otros intereses  al  margen  de la realidad nacional, significa  que ha perdido el rumbo, el compromiso  y  la pasión por atender  las necesidades  del pueblo  que lo  eligió.

El Gobierno de la  República  de  Panamá no ha  mostrado la disposición  necesaria  para llevarla  tranquilidad  y paz  a los panameños, al contrario, ante  la falta de  respuestas, la gente  se tira  a las  calles  como medida  de protesta, sin embargo, son brutalmente  agredidos  por los estamentos de seguridad.

El escenario  es  caótico  y deprimente, aunque  aún está  a tiempo de  reflexionar  de manera   que pueda  dar  un  golpe de  timón en la administración del Estado, enfocándose  en  las prioridades  del pueblo, no  en  las oportunidades de  negocios  que  sigilosamente se mueven  en los pasillos  de  los  ministerios y de otras  entidades  autónomas.