La Política y la Salud Pública: Análisis de la Interacción en la Elaboración de Leyes Sanitarias
Por: Israel H Cedeño-González*
La salud pública, un pilar fundamental del bienestar social y económico de cualquier nación, trasciende las consideraciones puramente técnicas. Su desarrollo efectivo depende en gran medida de la interacción entre la evidencia científica y el proceso político, especialmente en la elaboración y ejecución de leyes y normas sanitarias dentro de los órganos legislativos, como la Asamblea de Diputados. Un análisis objetivo revela la importancia crucial de la política en este proceso, no como un factor de interferencia, sino como un elemento esencial para la traducción de la necesidad técnica en acciones concretas de impacto social.
La Asamblea de Diputados, o su equivalente en otros sistemas parlamentarios, es el espacio donde se debaten, modifican y aprueban las leyes que regulan el sistema sanitario. Es aquí donde las propuestas técnicas, elaboradas por expertos en salud, se confrontan con las realidades políticas, económicas y sociales del país. La política, en este contexto, no es simplemente una fuerza externa que puede interferir o manipular la agenda sanitaria. Por el contrario, la política, en su sentido amplio de negociación, consenso y toma de decisiones colectivas, es el vehículo que permite que las propuestas técnicas se conviertan en leyes aplicables.
El proceso de elaboración de leyes sanitarias involucra una compleja interacción entre diversos actores: expertos en salud pública, representantes de la sociedad civil, instituciones internacionales, grupos de interés, y por supuesto, los representantes políticos. Estos últimos, a través de su capacidad de articulación y negociación, deben equilibrar las diferentes perspectivas y prioridades para lograr un consenso que refleje el interés público. Sin la participación de los políticos, las recomendaciones técnicas, por más sólidas que sean, podrían quedar relegadas al ámbito académico o enfrentarse a la inacción legislativa.
La eficiencia de este proceso depende en gran medida de la capacidad del sistema político para traducir las necesidades sanitarias en prioridades políticas. Esto implica un proceso de análisis político que considera la viabilidad política de las propuestas, la disponibilidad de recursos, el nivel de apoyo público y el contexto político general del país. Una propuesta técnicamente perfecta pero políticamente inviable corre el riesgo de fracasar antes incluso de ser implementada.
La objetividad, honestidad y transparencia son cualidades esenciales, aunque a menudo ausentes, en el aporte de los políticos a la salud pública. La salud pública, por su naturaleza, demanda un enfoque basado en evidencia científica y en el bienestar de la población, alejado de intereses partidistas o personales. Cuando estos principios fundamentales se comprometen, las consecuencias pueden ser devastadoras, traduciéndose en políticas ineficaces, desperdicio de recursos y, en última instancia, daño a la salud de la población.
La objetividad implica que las decisiones políticas en materia de salud pública se basen en datos confiables y análisis imparciales, dejando de lado ideologías o presiones externas que puedan distorsionar la realidad. Esto requiere un compromiso con la evidencia científica, la consulta con expertos y la evaluación rigurosa de los programas y políticas implementadas. La falta de objetividad puede llevar a la adopción de medidas ineficaces o incluso perjudiciales, con costos humanos y económicos significativos.
La honestidad es crucial en la gestión de los recursos destinados a la salud pública. Los fondos deben ser utilizados de manera eficiente y transparente, evitando la corrupción y el desvío de recursos hacia fines ajenos al bienestar público. La falta de honestidad erosiona la confianza pública y obstaculiza la capacidad del sistema de salud para cumplir con sus objetivos. La transparencia en el manejo de fondos y la rendición de cuentas son elementos clave para fomentar la honestidad y la integridad en la gestión pública.
La transparencia exige que el proceso de toma de decisiones en materia de salud pública sea accesible y comprensible para la ciudadanía. Esto implica una comunicación clara y oportuna sobre las políticas implementadas, sus objetivos y sus resultados. La transparencia también implica la publicación de datos relevantes sobre la situación sanitaria del país, la asignación de recursos y el impacto de las intervenciones. La falta de transparencia fomenta la desconfianza pública y dificulta la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la salud de todos.
Un ejemplo de una interacción positiva entre política y salud pública en Centroamérica es la iniciativa de varios países en la región para fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Estos esfuerzos no solo han sido impulsados por la evidencia científica que demuestra la importancia de la vigilancia para prevenir y controlar brotes de enfermedades, sino también por la creciente comprensión política de que invertir en salud pública es una inversión en el desarrollo humano y económico. En este caso, la voluntad política ha sido fundamental para movilizar recursos, capacitar a personal sanitario y mejorar las infraestructuras necesarias para implementar sistemas efectivos de vigilancia epidemiológica. Si bien no menciono países específicos para mantener la objetividad, este ejemplo de proceso ilustra como la convergencia de la evidencia técnica y la voluntad política ha generado resultados positivos para la salud de la población, sin incurrir en exabruptos o corrupción.
Por último, es importante destacar que la interacción entre política y salud pública no está exenta de tensiones. Conflictos de interés, presiones políticas y limitaciones de recursos pueden dificultar el proceso. Sin embargo, un sistema político democrático y transparente que promueva la participación ciudadana y la rendición de cuentas es crucial para asegurar que la política contribuya de manera objetiva y eficiente a la mejora de la salud pública. La transparencia en la toma de decisiones y la participación de la sociedad civil pueden mitigar los riesgos inherentes al proceso y promover un enfoque basado en evidencia y en el interés público. En conclusión, la política juega un papel esencial en la salud pública, no como una fuerza opuesta, sino como un actor indispensable para el desarrollo y la implementación de políticas.
*Medico epidemiólogo, gerente sanitario. Jefe de la Sección del Programa de Salud del Adulto MINSA. Director medico MiniMed Corp.