Le Pen se aferra a sus opciones y para el reloj de la sucesión

La política de 56 años reunió este martes a sus huestes, elevó el tono contra el estamento judicial -a quien culpa de una sentencia «política» destinada a privarla de la victoria electoral que le auguran los sondeos para 2027- y comenzó a dar la batalla judicial para poder afrontar una cuarta carrera por el Elíseo.

Sus abogados presentaron ya el recurso contra el dictamen que la condenó a cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y los otros dos en arresto domiciliario, 100.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación para cargo público.

Esa apelación deja en suspenso la primera parte de la pena, pero no la inhabilitación, porque los jueces impusieron que esta fuera de aplicación preventiva.

De esa forma, Le Pen cuenta con acelerar al máximo los tiempos de la justicia con la esperanza de que su recurso pueda ser despachado antes de 2027, lo que le permitiría concurrir a las presidenciales si el tribunal de Apelación la absuelve de los delitos de desvío de fondos del Parlamento Europeo o, en su defecto, desactiva la inhabilitación preventiva.

Es el «pequeño camino» que, en sus propias palabras, quiere explorar hasta el final, antes de lanzar un plan B, que sería la coronación definitiva de su delfín, Jordan Bardella, de 29 años.

El joven político, un valor electoral que ya demostró su tirón en las urnas en las pasadas europeas al conducir a su partido a la victoria, aceptó el calendario y, en declaraciones a la radio Europe 1, mostró una lealtad absoluta a su mentora: «Siempre he hecho lo que me ha pedido, mi lealtad a Marine es total».

Una declaración de intenciones que arrastró al resto del partido, que mostró una postura contundente de respaldo a su lideresa y amplificó el mensaje de crítica al estamento judicial.

Le Pen reunió a su grupo parlamentario, que seguirá dirigiendo porque la inhabilitación no afecta a su condición actual de diputada, y marcó el tono al asegurar que «el sistema ha sacado el arma nuclear» para evitar la victoria de la ultraderecha.

Prometió igualmente que darán, pese a todo, la batalla: «No dejaremos que nos roben la victoria en las presidenciales».

En su punto de mira están los jueces que dictaron su condena, pero en el trasfondo de sus palabras hay un sentimiento de injusticia por la inhabilitación preventiva que busca minimizar el desvío de fondos que motivó su condena.

«Escándalo democrático»

Si la líder del partido habló de «escándalo democrático», sus opositores no dejaron de rescatar vídeos en los que una joven Le Pen exigía en televisión la inhabilitación «de por vida» para todo político culpable de desvío de fondos.

El tono siguió subiendo en la sesión de control al Gobierno, donde los lugartenientes de Le Pen fustigaron «el golpe de Estado judicial» a cargo de «magistrados tiranos».

La dureza de los ataques motivó la respuesta del Ejecutivo, que pidió respeto por las sentencias judiciales y prometió protección policial a la presidenta del tribunal que condenó a Le Pen, amenazada físicamente a través de las redes sociales.

Mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, abogaba por un juicio en apelación rápido sin dejar de señalar que corresponde a los magistrados fijar las fechas; el primer ministro, François Bayrou, defendía la independencia judicial, pero mostraba su rechazo a la inhabilitación preventiva, que a su juicio debe ser revisada por el Legislativo.

Una postura que le valió las críticas de la izquierda, que le acusó de alinearse con la extrema derecha en su censura a los jueces.

El combate de Le Pen promete extenderse en los próximos días, cuando su partido ha convocado manifestaciones en apoyo a su líder en todo el país.

La extrema derecha aspira a sacar partido de esta situación en forma de victimización, aunque los sondeos muestran que una gran mayoría de los franceses están de acuerdo con la sentencia: un 67 % la considera justa, según una encuesta difundida por BFMTV.

Otra de Le Figaro señala que el 54 % de los encuestados cree que Le Pen no ha recibido un tratamiento desfavorable de los jueces y el mismo porcentaje cree que la justicia funciona bien.

Foto EFE