Lista de aspirantes a magistrados entre oscurantismo y favoritismo
Edmundo Dante Dolphy / La Verdad Panamá
La fecha para la escogencia de los magistrados que ocuparán un despacho en el edificio Gil Ponce de Ancón se acerca, aunque con grandes nubarrones por las supuestas irregularidades en la lista elaborada por la comisión de selección del Pacto de Estado por la Justicia que le fue entregada al presidente Laurentino Cortizo.
Fuentes provenientes de la referida comisión señalaron a La Verdad su malestar por el método escogido, carente de rigor científico y más apegado a criterios subjetivos de contactos, amiguismo y recomendaciones, que dejaron por fuera a destacados profesionales del derecho tanto en trayectoria como en academia.
Este medio conoció que el 70% de los candidatos no tenía la certificación que expide la Corte Suprema de Justicia y tampoco se recibieron las quejas o denuncias en contra de varios de los postulados.
Las reacciones a esta situación que deja en entredicho la transparencia de un proceso particularmente importante para la administración de justicia fueron certeras.
Se requieren méritos académicos
Para el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Alfonso Fraguela, los magistrados deben tener la trayectoria profesional y académica, esto sin olvidar los requisitos constitucionales para optar por ese alto cargo. Deben llegar con todos los méritos académicos y no llegar a educarse a la Corte.
“Si los criterios fueron apoyos a campaña, al poder político, relaciones de negocios, entonces el presidente Cortizo será calificado igual que aquellos que han empleado los requisitos de afinidad antes descritos para elegir a los regentes del poder judicial y su credibilidad se desvanecerá iniciando su gobierno”, afirmó.
Fraguela expresó igualmente no compartir el listado reducido de 33 personas, lo cual riñe con lo establecido en la convocatoria del Presidente Cortizo en el que se debía cumplir con tres pasos, a saber: 1. Que el Pacto recibiera las hojas de vida de los aspirantes a magistrados para cada sala de la corte que se encuentra vacante 2. Que se realizaran las entrevistas a los aspirantes que exteriorizaron su deseo de ocupar esos cargos y 3. Remitir al Ejecutivo la lista de los aspirantes a magistrados en orden alfabético. No se permitía hacer valoraciones que pudieran distinguir a uno u otro candidato.
“ Me sorprende que el Colegio Nacional de Abogados haya guardado un silencio cómplice frente a esta afrenta gremial”, sentenció Alfonso Fraguela.
No hay imparcialidad, se debe cambiar el método
Por su parte, la penalista Nora de Sánchez, expresó que mientras se antepongan los intereses personales no habrá imparcialidad, por lo tanto, se debe cambiar el método.
La escogencia de los magistrados debe centrarse en profesionales sabios, que manejen a profundidad la ciencia del Derecho. No porque han litigado o ganado casos o porque son amigos del poder. Es importante que hayan escrito libros y que los mismos sean objeto de estudio en las facultades de Derecho, apuntó Nora de Sánchez.
En Panamá tenemos muchos profesionales capaces, que podrían resolver los casos conforme a derecho y razonamientos jurídicos; sin embargo, lo que sucede es que nombran magistrados en salas que ni siquiera son de su competencia, agregó. “ No vas a mandar a un cardiovascular a el campo de la ortopedia”, explicó a manera de ejemplo la jurista.
Para Nora de Sánchez un posible método de escogencia o selección podría ser mediante un tribunal colegiado con los gremios más preponderantes del país, con un sorteo con prerrequisitos exigidos; experiencia en la materia, que sus hojas de vida se publiquen en los medios de comunicación social en el que los diputados no tengan nada que ver.
Prevalece la política del padrinazgo
El abogado José Moncada Luna tiene su opinión: “No es por transparencia que los nombran, es por ser amigos del presidente. Olvidan si han hecho bien o mal en el campo del derecho, pero tienen el padrinazgo”.
La política del padrinazgo y con las más grandes firmas es más fácil llegar al taburete presidencial. Los contactos pesan más que la jurisprudencia que ha creado, sostiene Moncada, quien considera que el único método es la sanción ciudadana si un presidente nomina a un candidato que no reúne los requisitos.