Medida positiva pero insuficiente: rebaja en precios de 20 medicamentos, hay que romper los monopolios, dice Comenenal
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Julio Osorio, dirigente médico de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), señaló que el problema del alto costo y desabastecimiento de medicamentos en Panamá se origina en los monopolios y oligopolios manejados por un reducido grupo de familias y empresas.
Estas fueron las reacciones del dirigente médico luego que el presidente de la República en su primer informe a la nación anunció la rebaja de los principales medicamentos que consumen los panameños.
Según Osorio, estas prácticas comerciales afectan directamente a la población y han sido ignoradas por varios gobiernos.
“Este problema podría haberse resuelto hace ocho o diez años si algún gobierno hubiera tomado medidas concretas.
Sin embargo, los contratos de precio único nunca se han perfeccionado debido a las triquiñuelas de estos grupos, que buscan mantener su control y seguir lucrándose a costa del desabastecimiento, expresó Osorio.
El dirigente advirtió que estas medidas podrían ser limitadas y no solucionarían de raíz la problemática. “El presidente dijo que reducirá los precios de los medicamentos más utilizados, pero no de todos.
Eso podría ser positivo, pero insuficiente, ya que el malestar persistirá si no se abordan los costos de una gama más amplia de medicamentos”, explicó.
Osorio hizo énfasis en que la solución al problema radica en romper los monopolios y oligopolios existentes, tal como lo han hecho países vecinos como Colombia, Costa Rica y República Dominicana, donde los precios de medicamentos son significativamente más bajos.
Por otro lado, Osorio criticó las reformas propuestas al sistema de pensiones en Panamá, calificando como “grave” el paso hacia cuentas individuales. “Esto condenará a los trabajadores panameños a pensiones de miseria.
Mientras que el sistema solidario garantizaba un 60% del salario en la jubilación, el modelo de cuentas individuales apenas otorgará un 19% en algunos casos, lo cual es inaceptable”, afirmó.
El dirigente reiteró que el verdadero problema no es únicamente el aumento de la edad de jubilación, sino la imposición de un sistema que, según él, ha fracasado en otros países. “Sabemos que las cuentas individuales no han funcionado. Los gobiernos deben priorizar el bienestar social sobre los intereses financieros”, concluyó.
Reformas a la Carrera Administrativa
Por su parte, el dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, expresó su preocupación por diversas medidas y declaraciones del mandatario en su mensaje. Señaló que estas atentan contra los derechos laborales, la estabilidad del sector público y el bienestar social en general.
Andrade destacó que el modelo económico impulsado por el gobierno es “fallido” y “promotor del desempleo”. Criticó la intención de reformar la carrera administrativa del sector público, indicando que esto podría llevar al despido masivo de trabajadores en un contexto en el que ya se han perdido 50,000 empleos en el último año.
Según el dirigente, estas políticas contradicen la necesidad de estabilidad laboral y empleo digno en Panamá.
Otro tema de gran preocupación para Andrade es el anteproyecto de ley 163, el cual, según él, pone en riesgo tanto el sistema de salud como el de pensiones al abrir la puerta a la privatización de los fondos de pensiones. “Este proyecto no responde a las necesidades de los trabajadores ni de los asegurados”, afirmó.
También cuestionó la falta de acción del gobierno en temas importantes como la corrupción y el manejo de los recursos hídricos.
Sobre la propuesta de una constituyente originaria, Andrade señaló que el enfoque gubernamental no coincide con las aspiraciones del movimiento popular.
En el ámbito educativo, reclamó una desconexión entre el discurso oficial y las acciones necesarias para fortalecer la enseñanza de valores patrióticos y responsabilidad cívica.
Asimismo, criticó que, mientras el país enfrenta necesidades urgentes como acceso al agua potable y mejoras en infraestructura escolar, el gobierno prioriza proyectos que incrementan la deuda pública sin resolver los problemas fundamentales de la población.
En tanto, el dirigente Humberto Montero pide transparencia en el plan educativo para 2025.
“Queremos saber cuáles son las 500 escuelas intervenidas en los últimos seis meses, porque los reportes de padres de familia y docentes muestran graves problemas de infraestructura, falta de agua potable, baños en mal estado y acometidas eléctricas deficientes”.
Montero recordó que en la administración pasada las escuelas en áreas vulnerables recibían un presupuesto diferenciado de hasta 150 dólares por estudiante. Sin embargo, ahora todas las escuelas reciben 60 dólares, lo que ha afectado a más de 300 planteles en comunidades de difícil acceso.
Finalmente los tres dirigentes calificaron el discurso como “hueco” y carente de soluciones reales para los graves problemas deol país, señalando que las políticas actuales perpetúan las desigualdades y el descontento social.