CSS no estaba autorizada para poseer pistolas 9 mm robadas de su depósito
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El robo de 40 armas de fuego 9 mm y 14 escopetas de las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) ha encendido las alarmas y generado inquietud sobre los protocolos de seguridad de la institución.
Según informes preliminares, dos sujetos armados ingresaron a la jefatura de seguridad durante la madrugada, amordazaron a los guardias en turno y lograron acceder a un compartimento donde se almacenaban las armas.
Entre los objetos robados se encuentran pistolas de la marca Sig Sauer, cuyo valor supera los 1,500 dólares cada una en el mercado.
El abogado David Villarreal, experto en regulación y tenencia de armas, cuestionó la posesión de pistolas por parte de la CSS, subrayando que la Ley 57 de mayo de 2011 regula el tipo de armamento permitido para entidades de seguridad.
“La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) es la encargada de expedir permisos y verificar que las empresas de seguridad mantengan un lugar especial para custodiar armas.
Estas deben ser, en su mayoría, revólveres y escopetas; el uso de pistolas 9mm y rifles semiautomáticos está prohibido”, explicó Villarreal, quien consideró que este robo plantea serias dudas sobre el tipo de armas que manejaba la institución y las medidas de seguridad en su almacenamiento.
“Nos preguntamos qué hace una institución como la CSS con armas tipo pistolas, cuando la regulación solo permite el uso de revólveres y escopetas”, comentó Villarreal.
“Estas armas, como las pistolas marca Sig Sauer sustraídas, tienen un valor comercial de más de 1,500 dólares, y su pérdida siembra inquietud en la ciudadanía”, destacó.
Hay incertidumbre sobre el modo en que estos delincuentes accedieron al área, de de seguridad que resguardaba las armas, y sobre si estas medidas eran realmente efectivas”.
Detalles Preocupantes del Incidente
La madrugada del robo estuvo marcada por eventos irregulares que dejan entrever posibles fallas internas.
Los vigilantes amordazados, luego de liberarse, informaron a la Policía Nacional de que los intrusos habían forzado una caja sin seguridad adecuada donde se almacenaban las armas.
A esto se suman otros aspectos de interés que refuerzan la hipótesis de que pudo haber complicidad interna:
1. Uno de los vigilantes había enfrentado un incidente similar en 2021, aunque en esa ocasión el intento de robo no se concretó.
2. El segundo vigilante cuenta con antecedentes vigentes por delitos contra la vida y la integridad personal.
3. Una tercera persona con acceso a la oficina no se ha presentado a trabajar en la última semana; además, tenía una citación pendiente en el Ministerio Público por un caso de desaparición.
4. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar desde la madrugada del sábado, un fallo que abre dudas sobre si fue fortuito o intencional.
“Quiera Dios que estas armas no queden en manos de la delincuencia y que no se utilicen en delitos como homicidios o atracos”, expresó Villarreal, quien enfatizó la importancia de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
La ciudadanía teme que estas armas terminen en manos de la delincuencia y se utilicen en actos delictivos como homicidios o asaltos, en lugar de servir a fines de seguridad institucional.
Por su parte el ex mayor y experto en seguridad nacional Felipe “Pipe” Camargo lanzó serios cuestionamientos sobre el manejo de armamento y municiones en la Caja de Seguro Social (CSS), además de señalar irregularidades en el control de la seguridad en el país.
Camargo, con amplia experiencia en temas de seguridad, preguntó sobre la cantidad de municiones que posee actualmente la CSS y se mostró sorprendido de que esta entidad tenga un arsenal considerable, similar al de un banco.
“El Seguro Social no maneja valores, entonces, ¿por qué necesita tantas armas?”, cuestionó.
“Hay mucha turbiedad en medio de la operación”, señaló.
Camargo también criticó la aparente falta de transparencia en la comunicación de esta información, lo que considera una señal de negligencia policial y un reflejo de la inseguridad general en el país.
“Se supone que hay toque de queda y retenes especiales; es extraño que quienes trasladaban esta carga de armas pudieran circular sin inconvenientes”, indicó el experto, sugiriendo que este episodio es parte de una problemática de mayor envergadura en la seguridad nacional.
Para el ex mayor, la opinión pública merece una explicación clara y transparente de las autoridades sobre este caso, y enfatizó en la necesidad de evaluar los protocolos de seguridad implementados en instituciones públicas, especialmente en aquellas que no manejan valores ni operaciones bancarias.
