Nuevo procurador debe tener la libertad para remover a los fiscales: su estabilidad laboral podría generar clanes y afectar la imparcialidad
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La estabilidad de los fiscales, es decir su inamovilidad en el cargo podría generar el establecimiento de clanes que afectarían la imparcialidad de la justicia, por lo que el nuevo procurador debe tener completa libertad para mover a estos investigadores.
Los juristas Moisés Bartlett y Luis Fuentes Montenegro, destacados abogados litigantes hicieron algunas recomendaciones al nuevo procurador Luis Gómez, sobre la estabilidad laboral o no del cuerpo de fiscales del Ministerio Público.
“El nuevo Procurador General de la Nación debe contar con plena libertad para reorganizar su equipo, incluyendo la facultad de mover a los fiscales, con el objetivo de garantizar eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de justicia”, aseguró Barlett.
Según el jurista, este aspecto debería ser parte de una reforma integral que abarque el Código Procesal Penal y todas las normas que rigen el funcionamiento del Ministerio Público.
“El procurador debe trabajar con su equipo seleccionado, integrado por fiscales superiores, el secretario general y administrativos de primer nivel. Esto permite una dinámica de eficiencia en las investigaciones”, señaló.
El jurista también subrayó la necesidad de establecer plazos definidos para la fase preliminar de las investigaciones.
“Actualmente, una persona puede estar bajo investigación durante tres o cuatro años sin ser imputada ni sobreseída, bajo el pretexto de que no está formalmente investigada, aunque los rigores del proceso penal recaen sobre ella. Esto no es justicia en un tiempo razonable”, enfatizó Bartlett.
Además, apuntó que la ausencia de términos establecidos en el Código Procesal Penal y ciertos vacíos normativos son factores que afectan el desempeño de los fiscales y el sistema en general.
Evaluación y auditoría del Ministerio Público
Sin titubear Bartlett insistió en la importancia de realizar auditorías dentro del Ministerio Público para identificar áreas que deben mejorar. “Entiendo que se está levantando una auditoría que revelará elementos importantes para que el procurador pueda tomar decisiones informadas”, explicó.
En cuanto a los fiscales, planteó que su permanencia en el cargo debería depender del cumplimiento de estándares rigurosos de rendimiento, eficacia, ética y transparencia. “Si un fiscal es nombrado por cinco o diez años sin exigencias claras, podría relajarse en sus funciones. Esto debe regularse para garantizar el buen servicio y la persecución efectiva del delito”, destacó.
Cuestionamientos a los acuerdos de pena mínima
Otro punto que Bartlett puso sobre la mesa fue la revisión de los acuerdos de pena mínima. “Hay despachos del Ministerio Público que privilegian estos acuerdos sin considerar la participación de las víctimas, lo que es inaceptable”, afirmó.
Finalmente, Bartlett reiteró que el procurador Luis Gómez tiene la responsabilidad de reorganizar el Ministerio Público y tomar decisiones firmes contra quienes no cumplan con los estándares exigidos.
Bartlett sin ningún resquemor señaló que el fiscal que no funciona debe buscar oportunidades en el sector privado, donde se enfrenta a las exigencias del mercado, los clientes y la ética profesional.
Estabilidad laboral de fiscales podría generar clanes
Por su parte, Luís Fuentes Montenegro sostuvo que la estabilidad laboral de los fiscales ha sido señalada como un factor que podría propiciar la formación de clanes y grupos de influencia que favorezcan a unos en detrimento de otros, trastocando así la imparcialidad.
Fuentes Montenegro, quien instó a replantear el sistema de nombramientos y remociones en el Ministerio Público, destacó que la permanencia prolongada de fiscales ha demostrado generar dinámicas perjudiciales para la justicia.
“La estabilidad laboral de fiscales, específicamente, ha demostrado, por lo menos en el Ministerio Público y en la Procuraduría, la formación de clanes, grupos de influencia que favorece a quienes quieren y persiguen o perjudican a otros, trastocando la imparcialidad”, afirmó.
El abogado también enfatizó la necesidad de que un Procurador recién nombrado tenga la facultad de designar fiscales de su confianza.
“Cuando un Procurador nuevo llega, debe poder nombrar a fiscales nuevos, de su confianza, y no quedar preso de los que ya están maleados o cuestionados pero que se aferran al puesto, porque nunca han litigado”, indicó.
Sobre la interinidad en los cargos, Fuentes Montenegro aseguró que no necesariamente genera vulnerabilidad, argumentando que incluso funcionarios permanentes pueden ser más propensos a actuar de manera contraria a derecho.
En ese sentido, propuso que los puestos de fiscales y asistentes de fiscales sean de libre nombramiento y remoción por períodos fijos, lo que, según él, permitiría mayor renovación y alineación con los planes del Procurador en funciones.
Finalmente, el abogado destacó que únicamente los cargos inferiores en estas instituciones deberían formar parte de una carrera judicial, como mecanismo para garantizar un equilibrio adecuado en el sistema de justicia.