Optimismo en la mina de cobre cerrada en Panamá ante posible diálogo con el Gobierno

Donoso (Panamá), 21 mar (EFE).– En la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, cerrada en noviembre de 2023 tras una orden judicial, se percibe cierto optimismo ante el posible inicio de conversaciones entre el Gobierno panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), tras anunciar que trabajará en la suspensión de los arbitrajes contra el país.

«Nosotros nos sentimos positivos, esperemos que el Gobierno vaya en la dirección correcta, que nuestro presidente y el pueblo panameño entiendan que esta es una actividad que necesitamos (…), que esto brinda un gran beneficio para los pueblos locales y el mismo país», explicó este viernes a EFE Hugo Enrique Mendoza, un operador de equipo pesado que ahora cumple labores de guía en la mina.

La suspensión «inmediata» de los arbitrajes internacionales, con más de 20.000 millones de dólares (unos 18.400 millones de euros) en reclamaciones, es una de las condiciones establecidas por la Administración del presidente, José Raúl Mulino, para iniciar «conversaciones formales» sobre la mina, y a la espera de esa confirmación, ya anunció esta semana que comenzaría el lunes consultas internas con su equipo sobre «el tema minero».

La minera cifra en alrededor de 10.000 millones de dólares (unos 9.200 millones de euros) solo su inversión en esta mina, un yacimiento con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables, según sus datos.

En la mina, situada en medio de una gran zona boscosa cerca del Caribe panameño, dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, considerado de alta biodiversidad, las máquinas permanecen paradas, salvo alguna labor de mantenimiento, a la espera de volver a excavar en un sitio de extracción o tajo que, según datos de Cobre Panamá, alcanza los 180 metros de profundidad.

«La proyección de vida del tajo», explica Mendoza, es de 8 años, y habían avanzado la mitad. Luego, al concluir, «se iba a estar desarrollando un segundo y tercero, pero progresivamente para no impactar tan directamente la zona».

También se mantienen en pausa las 2.000 hectáreas de terreno natural destinadas a almacenar el material remanente del proceso, denominado relave.

«La empresa se está gastando sus propios recursos para mantener la sostenibilidad física y química del sitio, se está gastando 20 millones de dólares mensuales. De esos, 10 millones se destinan solamente al tratamiento de las aguas», asegura.

Con el objetivo de cambiar el discurso sobre el impacto medioambiental de la mina, desde la compañía recuerdan que del total del agua utilizada durante las operaciones, el 99 % proviene de la lluvia, manteniendo 7 millones de metros cúbicos de agua almacenada, y el 78 % de la utilizada en la planta de procesos se recircula.

También muestran parte de las 4.500 hectáreas reforestadas

Rogelio Vargas, que trabaja como biólogo especialista en Cobre Panamá (nombre oficial de la mina), defiende también, junto a un túnel repleto de murciélagos que sirve de paso artificial para los animales bajo una de las carreteras, su «diseño ecológicamente amigable con el medio».

Críticas de ambientalistas

Pero los grupos ambientalistas han comenzado a mostrar su recelo ante ese posible inicio de conversaciones entre la Administración de Mulino y Minera Panamá, al considerar que es un intento de reabrir la mina de cobre, y defienden que la posible suspensión de esos arbitrajes contra Panamá por parte de la minera no es «ninguna garantía» ante la reactivación de los mismos en «cualquier momento».

Esos grupos ambientalistas, que componen el movimiento ‘Panamá vale más sin minería’, ya lideraron en 2023 las mayores protestas en décadas en el país que empujaron en octubre de ese año al Gobierno de entonces a prohibir todas las solicitudes de minería metálica nuevas o las que se encontraban en trámite.

Poco después, en noviembre, la Corte Suprema dictaminó que el contrato de concesión era inconstitucional al violar 25 artículos de la carta magna, obligando a la paralización total de la mina.

Los ecologistas prometen volver a las calles y a los juzgados para defender el cierre de la mina, con manifestaciones convocadas ya para este domingo, bajo el lema ‘¡Panamá no es un país minero!’.

El golpe económico

Mulino recuerda que el cese de la actividad de esa mina, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, se está sintiendo en desempleo, en falta de ingresos al Estado -suponía «780 millones de dólares en impuestos directos»- y el quiebre de muchas empresas que eran contratistas de la mina.

El mandatario ya informó la semana pasada que autorizó la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 130.000 toneladas en total, así como la importación de carbón para reactivar la planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción en el abastecimiento de energía.

«El presidente nos ha dado luz al final del túnel», afirmó hoy Sebastián Rojas, del servicio del puerto de Cobre Panamá, sobre la posibilidad de exportar ya ese cobre almacenado, a la espera de los permisos necesarios.

Los que también están pendientes de una decisión sobre la mina son los alrededor de 7.400 trabajadores con los que contaba antes de su cierre, de los cuales ahora quedan en labores de mantenimiento unos 1.200, explica Mendoza, además del impacto en cerca de 54.000 empleos indirectos en todo el país.

De camino a Cobre Panamá, algunos miembros de la comunidad colocan carteles recordándolo: «¡Abran la mina, queremos trabajo!».