Panamá Ports usurpa al Estado más de 72 millones de dólares

Redacción  /  La  Verdad

Una denuncia de bien oculto superior a los 72 millones de dólares, en contra de Panamá Ports Company, S.A., interpuso el abogado Pedro Meilán, en una acción que busca recuperar dineros del Tesoro Nacional por falta de pago de dividendos.

Entre los fundamentos de la denuncia se explica que, desde que se inició el contrato mediante la Ley 5 de 16 de enero de 1997, en el que se aprobó el contrato entre el Estado y Panamá Ports para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal, esta empresa portuaria solo le ha pagado al Estado dividendos por un millón de dólares, habiendo transcurrido casi veinte años del otorgamiento de la concesión. Esto a pesar de haber acaparado el 58% del movimiento de contenedores del país.

El casi inexistente pago de dividendos por Panamá Ports al Estado panameño, máxime por los elevados ingresos que ha obtenido en su operación, sugiere una posible ocultación de ganancias y dividendos, hechos que apuntan a la figura de un “Bien Oculto” conforme al artículo 80 del Código Fiscal el cual señala lo siguiente:

“Artículo 80: Son bienes ocultos del Estado, no solo los simplemente abandonados u ocultos en su sentido material, sino también aquellos respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por incuria de las autoridades, o por otra causa semejante. Tendrán también el carácter de ocultos los bienes nacionales que se encuentran en poder de particulares sin que hayan sido adquiridos legítimamente del Estado…”

Según la denuncia, la posible adquisición por un particular de dineros que le corresponden al Estado como accionista de Panamá Ports, así como la ocultación del origen de ganancias o dividendos de esta empresa sobre tales dineros, constituye claramente un bien oculto, puesto que se trataría de dineros del Tesoro Nacional que estarían siendo adquiridos ilegalmente por los particulares.

Queda claro que, de toda ganancia o dividendo de Panamá Ports, le corresponde al Estado por Ley, el 10% de su participación accionaria, por lo tanto, si un particular se queda con ese porcentaje o si se crean gastos para evitar reflejar ingresos o dividendos, se está evadiendo el pago de forma ilegal y en perjuicio del Estado.

Auditoria refleja lesión

La situación de esta empresa portuaria se agrava más aún, cuando en enero y abril de 2009 se realizó una auditoría que arrojó ganancias por 750 millones de dólares, sin que el Estado hubiese recibido su porcentaje por las acciones que tiene en la empresa.

Sobre este particular, consta en la denuncia interpuesta por el licenciado Meilán, que se le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la entrega de información relacionada a transacciones o contratos firmados entre Panamá Ports y empresas o partes, no obstante, la entidad giró nota en la que señala que dicha información no reposa en sus archivos… “ con los cual se evidencia que el estado como accionista no cuenta con información sobre la operación, administración y dirección de Panamá Ports, quien está incumpliendo la Cláusula Décima de la adenda 1 de diciembre de 2005”, que establece que Panamá Ports se comprometía a proporcionar información financiera y de operación periódica al Estado. En su calidad de tenedor del 10% de las acciones de esa empresa.

Se estima como cuantía inicial del bien oculto, la suma de 72,578,400.00, en concepto del 10% del dividendo a que tiene derecho el Estado, el cual podría aumentar una vez pueda determinarse los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas.