Parlamento de Ecuador archiva ley de Noboa contra lavado de activos de bandas criminales
Quito, 28 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley presentado por el presidente, Daniel Noboa, que buscaba combatir el lavado de activos de las estructuras criminales que operan en el país, al considerar que esta iniciativa genera más impuestos a los ciudadanos.
“La verdadera intención es crear más impuestos para los ecuatorianos, lo que tendría un impacto directo sobre las personas de ingresos medios y bajos, agravando aún más su situación económica”, señaló la Asamblea en un comunicado.
Durante el debate del proyecto de ley, el asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) consideró que la iniciativa legislativa no aborda adecuadamente el tema del lavado de activos, ya que no enfrenta el problema central: el análisis y la verificación del origen ilícito de los recursos económicos que ingresan a la economía formal.
Mientras, el asambleísta socialcristiano Jorge Acaiturri señaló que “esta ley carece de lógica, ya que encubre impuestos disfrazados como medidas de lucha y control contra las economías criminales”.
Acaiturri enfatizó que “el pueblo ecuatoriano está cansado de mentiras y exige transparencia para construir un país próspero”.
El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno el pasado 7 de noviembre con el objetivo de que fuese tratado por la Asamblea como urgente en materia económica.
Al anunciar esta iniciativa, el Ejecutivo indicó que el texto planteaba acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional.
La propuesta legislativa del gobernante ecuatoriano incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe).
Ecuador se situó en 2023 como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes, una violencia que ha sido atribuida a la acción de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.
Si bien el Gobierno reporta una disminución del 17 % en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales se siguen sucediendo en el país.