Pepe Suárez y todos los demás libres por caso autopista Arraiján-La Chorrera
El caso relacionado con la Autopista, identificado bajo el expediente 307762020, recibió este 2 de abril de 2025 una sentencia absolutoria por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá. La resolución fue emitida en el marco de los delitos cometidos contra la administración pública.
El expediente, que ha sido tramitado en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, mostró en su último evento una sentencia favorable para los involucrados. La fecha de reparto del caso fue el 12 de junio de 2020, y la redistribución del mismo ocurrió el 29 de junio de 2022.
Cabe destacar que este caso fue gestionado por el Juzgado de Circuito Regional, bajo la jerarquía de Juzgado de Circuito, lo que ha marcado su seguimiento dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
El caso, que había sido objeto de diversas revisiones, finalmente culminó en una absolución, dejando en claro que no hubo culpabilidad en los hechos relacionados con la administración pública en este contexto.
La investigación judicial conocida como el caso Autopista Arraiján-La Chorrera se centra en presuntas irregularidades en el contrato de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, durante el período 2010-2017. Este proceso involucra a exministros de Obras Públicas y empresarios, acusados de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El proceso judicial comenzó en 2015, tras un informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, que señaló posibles sobrecostos en la obra, estimando una lesión patrimonial de $7.9 millones. La investigación resultó en un expediente de 128 tomos, reflejando la complejidad y magnitud del caso.
En abril de 2025, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales absolvió a ocho ciudadanos, incluyendo al exministro Federico Suárez, al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no logró acreditar su responsabilidad en la comisión del delito investigado.
Este fallo ha generado diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito judicial, resaltando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos de infraestructura pública en Panamá.