Presentan advertencia de inconstitucionalidad contra reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado José Antonio Moncada, mediante un documento formal, presentó ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados una advertencia de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Según Moncada, esta propuesta legislativa vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución Política de Panamá y en tratados internacionales.
En su advertencia, Moncada argumenta que el proyecto de ley en cuestión viola directamente el artículo 46 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las leyes, así como el artículo 56, que establece la obligación del Estado de proteger a los grupos más vulnerables, en especial a los adultos mayores y jubilados.
Además, señaló que la iniciativa contradice el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por Panamá, el cual aboga por la progresividad de los derechos sociales y la prohibición de medidas que desmejoren las garantías existentes.
El abogado criticó que las reformas propuestas por el presidente José Raúl Mulino y su gabinete, en especial, las relacionadas con el aumento de la edad de jubilación y otros ajustes que afectan directamente a los jubilados y contradicen el principio de progresividad de las leyes.
“Estas medidas no solo desmejoran la seguridad social, sino que también transfieren responsabilidades esenciales del Estado a la empresa privada, afectando gravemente a los más vulnerables”, sostuvo Moncada.
En su solicitud dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Moncada subrayó que la seguridad social es un derecho fundamental consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales, y que cualquier reforma debe garantizar su fortalecimiento en lugar de debilitarlos.
El documento presentado por el abogado será ahora evaluado por los diputados y podría generar un debate sobre la legalidad de las reformas propuestas a la CSS, que han sido objeto de controversia en distintos sectores de la sociedad.