Presentan propuesta a la CNRE para eliminar el financiamiento público electoral y denuncian mal uso de más de 230 millones de dólares
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
En un documento dirigido a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel solicitó la revisión profunda, fiscalización y eventual eliminación del financiamiento público electoral, argumentando que estos recursos, lejos de fortalecer la democracia, se han convertido en un mecanismo de despilfarro y clientelismo político.
Bartlett, en su nota formal presentada ante la CNRE y dirigida al secretario de la comisión, Rubén Darío Gonzales, expuso con detalle las razones jurídicas, históricas y sociales que motivan su propuesta, acompañada de datos oficiales que revelan un preocupante aumento en los fondos entregados a los partidos políticos y candidatos por libre postulación en las últimas dos décadas.
Según cifras del Tribunal Electoral citadas por el abogado, entre 1999 y 2024 el Estado ha desembolsado B/. 230,619,784.81 en concepto de subsidio electoral.
En el quinquenio 1999-2004, se destinaron B/. 15.3 millones, mientras que para el periodo 2019-2024 la cifra se disparó a más de B/. 91 millones.
Esta escalada de fondos públicos, afirma Bartlett, no ha traído consigo un fortalecimiento de la democracia interna de los partidos ni un avance en la formación política y cívica de sus miembros, y mucho menos de la ciudadanía en general.
«Subsidio convertido en clientelismo»
El abogado no solo denuncia el uso indebido de estos fondos, sino que alerta sobre el deterioro democrático que provoca el financiamiento público electoral tal como está planteado.
«Los eventos que organizan los partidos, bajo la apariencia de capacitaciones, son en realidad reuniones políticas internas y giras proselitistas cubiertas con dinero del pueblo», señala Bartlett en su escrito.
Además, advierte sobre la manipulación y falsificación de listas y firmas para justificar gastos ficticios, prácticas que —a su juicio— han pasado desapercibidas debido a la falta de una auditoría profunda por parte del Tribunal Electoral.
La institución, según el jurista, se ha limitado a revisiones superficiales que permiten que millones de balboas terminen financiando actividades ajenas a la educación política y la transparencia partidaria.
Vacíos de fiscalización
Uno de los puntos más graves que señala Bartlett es la ausencia de control por parte de la Contraloría General de la República, a pesar de tratarse de fondos públicos.
«Es inadmisible que la Contraloría no ejerza control previo ni posterior sobre el uso de estos recursos», sostiene el abogado, calificando esta situación como un vacío legal y operativo que fomenta el desvío de fondos y el uso discrecional de dineros públicos por parte de las cúpulas partidarias.
Efectos negativos sobre la democracia
En su propuesta, Bartlett enumera los efectos negativos que, en su opinión, ha generado el subsidio electoral: el debilitamiento de la democracia interna, la transformación de los partidos políticos en estructuras clientelistas, la ausencia de rendición de cuentas efectiva, la presunta falsificación de documentación para justificar desembolsos y un gasto excesivo del erario sin resultados positivos para la democracia nacional.
Propuesta de eliminación y reformas
Como respuesta a este panorama, Bartlett propone la eliminación inmediata del subsidio electoral, previa auditoría profunda y pública que involucre a la Contraloría General de la República.
En caso de que la presión política impida su eliminación total, sugiere reducirlo al mínimo indispensable y limitar su uso estrictamente a garantizar la participación electoral, prohibiendo cualquier uso para giras, reuniones proselitistas o congresos partidarios manipulados.
Asimismo, propone que los partidos políticos financien sus actividades exclusivamente mediante cuotas de sus miembros y contribuciones voluntarias, siguiendo modelos de democracias desarrolladas y transparentes.
También plantea que todo gasto público recibido por los partidos sea objeto de fiscalización obligatoria y pública, con auditorías anuales a cargo del Tribunal Electoral y la Contraloría.
Como medida correctiva, Bartlett solicita que se sancione con la pérdida inmediata del subsidio a los partidos cuyos dirigentes utilicen estos fondos para fines distintos a los establecidos en la ley.
Un llamado al rescate de la confianza ciudadana
Bartlett concluye su propuesta subrayando el divorcio entre los fines para los que fue creado el financiamiento público electoral y la realidad que hoy enfrentan los panameños.
«La falta de supervisión, el desvío de fondos y el uso inadecuado de recursos públicos que promueven el clientelismo afectan gravemente la confianza ciudadana en nuestro sistema democrático», asegura el abogado.
En ese sentido, hace un llamado a la CNRE para que abra un debate nacional sobre este tema y valore la inclusión de su propuesta en las discusiones que actualmente se adelantan.
«Estamos en el momento oportuno para analizar y corregir este mecanismo que ha perdido legitimidad y propósito», afirmó.
Finalmente, Moisés Bartlett reiteró su disposición para ampliar cualquier aspecto de su planteamiento y colaborar en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, confiando en que la Comisión Nacional de Reformas Electorales sabrá actuar con responsabilidad ante esta petición, respaldada —según él— por un amplio clamor ciudadano