Presión de Donald Trump influyó en la compra de Panama Ports Company
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El experto en temas marítimos, Carlos Ernesto González De La Lastra, afirmó que las constantes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente tenían como objetivo presionar para concretar la venta de la concesión portuaria en Panamá, sugiriendo que la negociación ya estaba en marcha.
González De La Lastra recordó que Trump aseguró en varias ocasiones que el Canal de Panamá estaba “tomado por los chinos”, lo que generó una fuerte presión sobre el gobierno panameño.
“Obviamente, había una presión tremenda sobre el gobierno de Panamá por tener los puertos en manos de una empresa china. No me extrañaría que esto se hubiera estado cocinando antes y que le pidieran ayuda a Trump, quien, con su técnica de decir mentiras para sacar la verdad, comenzó a presionar”, sostuvo.
El especialista señaló que las declaraciones del exmandatario estadounidense fueron seguidas por mensajes de funcionarios y legisladores en el Congreso y Senado de EE.UU., quienes insistieron en la supuesta influencia china y el peligro que esto representaba para la estabilidad del Canal de Panamá y el comercio estadounidense.
Venta y cuestionamientos legales
La transacción en cuestión involucra a BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, quienes acordaron con CK Hutchison Holdings Limited la compra de su participación en la concesión portuaria en Panamá.
Sin embargo, González De La Lastra explicó que, debido a la naturaleza de la concesión, el gobierno panameño deberá aprobar la transacción.
“La empresa que se encarga del puerto no compró la concesión, sino las acciones de la compañía que tenía la concesión. Esto significa que asumen la misma responsabilidad que la empresa original. Ahora la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la concesión”, indicó.
El procurador Luis Gómez ha manifestado que, a su juicio, hay elementos de inconstitucionalidad en el contrato firmado entre el Estado y Panamá Port, demanda que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
Si el fallo declara la concesión inconstitucional, los compradores tendrían que renegociar con el Estado panameño.
Postura del gobierno panameño
Tras el anuncio de la transacción, el Gobierno de Panamá emitió un comunicado señalando que se trata de un acuerdo entre compañías privadas, pero que velará por el cumplimiento de todas las regulaciones y leyes locales antes de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tome una decisión sobre la concesión.
Asimismo, el comunicado destacó que la Contraloría General de la República sigue con el proceso de auditoría a Panama Ports Company, y que sus conclusiones serán un factor clave en la postura del gobierno respecto a la relación con el nuevo concesionario.
La venta de la concesión portuaria ha generado debate en Panamá, en un contexto en el que la presencia de inversiones extranjeras en infraestructura estratégica sigue siendo un tema de interés nacional e internacional.