Procurador de la Administración rechaza demanda de inconstitucionalidad promovida por defensa de Martinelli
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El procurador de la Administración, Rigoberto González recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar no viable la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la resolución indagatoria que permitió formular cargos al expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Esta opinión jurídica, no vinculante pero influyente, representa un revés significativo para el exmandatario, quien actualmente se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua, tras la condena que pesa en su contra.
La demanda fue interpuesta por la abogada Nadia Castillo, quien alegó que la resolución indagatoria de junio de 2020 vulneró principios constitucionales y tratados internacionales, específicamente el principio de especialidad.
Este principio establece que una persona extraditada solo puede ser procesada por los delitos específicos por los cuales fue entregada, a menos que el Estado requirente otorgue su consentimiento para ampliarlos.
La acción legal sostuvo que la resolución de 2020 infringió el artículo 4 de la Constitución Política de Panamá, que obliga al Estado a respetar las normas de derecho internacional, así como el artículo 32, que garantiza el derecho al debido proceso.
Castillo argumentó que no se solicitó ni obtuvo el levantamiento del principio de especialidad por parte de Estados Unidos, país que extraditó a Martinelli en 2018 bajo condiciones específicas.
Según la abogada, esta omisión invalidaría los procesos judiciales abiertos contra el exmandatario, como los casos New Business y Odebrecht.
Además, se señaló que durante el juicio del caso New Business, dos testigos protegidos clave no comparecieron, privando al acusado de su derecho al contrainterrogatorio.
También se cuestionó la negativa del tribunal a posponer la audiencia para garantizar la presencia de otros testigos esenciales.
En su opinión jurídica, Rigoberto González argumentó que la demanda excede el ámbito de control constitucional y aborda aspectos que ya fueron analizados y decididos por las instancias penales competentes.
Según el procurador, aceptar la demanda convertiría a la Corte Suprema de Justicia en una instancia revisora de pruebas, función que no le corresponde dentro de un proceso de constitucionalidad.
González subrayó que las decisiones en materia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo, conforme al artículo 2573 del Código Judicial, y destacó que la sentencia condenatoria contra Martinelli es firme y ejecutoriada.
Además, señaló que, de no ser viable esta acción, la defensa aún podría explorar otros recursos legales, como el de revisión penal, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
El procurador enfatizó que el respeto al principio de especialidad debe evaluarse en el marco del derecho internacional y no mediante una acción de inconstitucionalidad.
Sostuvo que las autoridades panameñas cumplieron con los procedimientos legales durante el proceso de extradición y formulación de cargos.
Corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia seguir con la tarea de determinar si hubo violación de la Carta Magna al no hacer valer el principio de especialidad que blindaba o por el contrario todo lo actuado por órgano judicial tuvo legitimidad constitucional.