Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá 
El abogado y analista político Moisés Bartlett se pronunció sobre el derecho a la protesta, principio universal y una garantía constitucional, pero que tiene consecuencias, al rebasar los límites.
«Hay que tolerar y aceptar las protestas que los ciudadanos realicen para garantizar los derechos de la sociedad», afirmó, señalando que este derecho es fundamental para la vida democrática.
Sin embargo, advirtió que la protesta también debe estar regulada para evitar que afecte los derechos de otros ciudadanos. «Los ciudadanos no pueden ni deben sentirse presos o sometidos», enfatizó.
Aseguró que debe existir un equilibrio entre la libertad de manifestación y el respeto a los derechos fundamentales de la población en general.
Crítica a los excesos en las protestas
Bartlett reconoció la trayectoria beligerante del sindicato en diversas coyunturas del país. No obstante, cuestionó el hecho de que se haya utilizado un área de construcción de un hospital y sus alrededores como una «trinchera», sobrepasando los límites de una protesta pacífica y causando afectaciones personales.
«Esto no es tolerable dentro del sistema democrático», expresó con firmeza, agregando que los extremos y los extremistas deben entender cómo funciona la vida democrática.
El papel de las autoridades y el uso de la fuerza
Bartlett también hizo un llamado a los estamentos de seguridad para que actúen dentro de los límites constitucionales al garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.
Advirtió que las acciones para repeler bloqueos y garantizar el libre tránsito deben aplicarse con prudencia.
«El uso de la fuerza de la ley debe ser proporcional«, indicó, diferenciando entre la lucha contra las dictaduras y los abusos del derecho a protestar en un sistema democrático. «Los extremos son dañinos al sistema», sentenció.
Rechazo a la desestabilización y llamado a la justicia
El abogado insistió en que las insatisfacciones ciudadanas y los reclamos en democracia son legítimos, siempre que se enmarquen en una agenda que respete el sistema democrático.
Advirtió que cualquier intento de desestabilizar el país y generar caos no puede ser aceptado y debe ser rechazado por los demócratas.
En este sentido, instó al Ministerio Público y a la administración de justicia a actuar con transparencia, respetando el derecho a la defensa y las garantías procesales, para que haya una aplicación justa de la ley.
«Se deben garantizar los derechos tanto de quienes han violado los derechos de terceros como de quienes han sido afectados», manifestó.
La necesidad de proteger la democracia
Finalmente, Bartlett expresó su preocupación por el impacto que estas situaciones tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos y la estabilidad del país.
«El país no puede volver a permitir que las vías de comunicación se cierren, que el acceso a la alimentación y la salud se prohíba, se impida o se obstaculice», advirtió.
Por su parte el jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz dijo que protestar es un derecho, pero los actos violentos deben investigarse.
Arauz enfatizó que si bien el derecho a manifestarse pacíficamente está garantizado, cualquier persona que infrinja la ley deberá enfrentar las consecuencias.
«Lo que todos debemos estar claros es que se puede protestar pacíficamente y manifestarse, pero cada individuo, si infringe la ley, tendrá una consecuencia», sostuvo Araúz, recordando la importancia de la responsabilidad individual en estos escenarios.
El jurista insistió en que los hechos violentos registrados deben ser objeto de investigaciones y que no se puede justificar una conducta delictiva con el argumento de haber participado en una protesta. 
«Lo que nadie puede es poner como eximente de responsabilidad el participar en una protesta», afirmó.
Además, señaló que cualquier acto que constituya un delito o una falta deberá ser analizado conforme a los procesos legales correspondientes.
«Cada caso, de forma individual, deberá ser analizado», precisó Araúz, reiterando la necesidad de evaluar las circunstancias específicas de cada hecho dentro del marco del Estado de derecho.
Tras las violentas protestas, los más de 480 detenidos están siendo llevados a la Casa de Paz de Calidonia donde, mientras que otros se verán cara a cara con un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio.