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Proyecto de la CSS adjudicado a consorcio mexicano es 50 veces más caro que el anterior

Finalmente  y  a pesar  de  una serie de irregularidades  sustentadas  en una acción de reclamo  ante  la Dirección General de  Contrataciones Públicas, la Caja de  Seguro  Social adjudicó  al Consorcio Salud en Control, miembro de  Intercontinental de Medicamentos,    el contrato  de “Servicio para  la actualización, implementación e integración de los procesos  de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos a nivel nacional por la  suma de 168 millones de dólares”.

En contravía  a  esta  Resolución No. DNC-107-2020-D.G. firmada  por el director general de la Caja Enrique Lau, la  Contraloría  General de la  República  colgó  en su cuenta  de  twitter lo siguiente: “La Contraloría  informa  que a la  fecha, no ha recibido ni refrendado  ningún  expediente  referente a  la licitación  por mejor  valor  convocada  por  la  CSS  para  actualización, implementación  e integración de procesos de almacenamiento, distribución  y dispensación final  de  medicamentos”.

“En horabuena. Que hasta  aquí  llegue  este atentado  al erario  y que la Contraloría  General de la República de Panamá rechace  este  contrato”, dijo  Juan Carlos  Navarro  en su cuenta de twitter.

Por su parte, al   abogado  Sidney Sittón  señaló  a la contraloría que  revisen  con lupa  ese  virus  que quiere  contagiar las finanzas de la  Caja de  Seguro Social”.

Golpe durísimo a las  finanzas de la CSS

Una fuente de muy alto  nivel que  trabajó  en  la Caja  de  Seguro Social  confirmó  a La  Verdad Panamá que el  programa Loghos  quedó perfectamente implementado a nivel nacional, lo único que faltaba era habilitar el depósito de Pedregal y eso debió terminarse en noviembre 2014, un mes después de nuestra salida.

“Girón detuvo el proyecto y dejó de pagarle a la empresa que era la proveedora del sistema. No le pagaron lo que faltaba para terminar la implementación y tampoco le pagaron el mantenimiento del software que había, al final la empresa se vio forzada a detener todo”, reveló la fuente.

 El sistema estuvo trabajando muy bien mientras estuvimos alli y  por eso teníamos un abastecimiento del 98%. Con este sistema complementado con SAP no habría que hacer ninguna licitación adicional para poder manejar el abastecimiento y el inventario de todos los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, sustentó.

Informó también  que el costo  del  programa y  su implementación  durante esa administración  costó  alrededor de  cuatro millones. Ahora  quieren  implantar  un programa 50 veces más caro.

Desafortunadamente el gobierno de Juan Carlos Varela echó todo el traste… al igual que hicieron con todos los proyectos y obras, agregó.

El ex vicepresidente  del Colegio Nacional de  Abogados, Alfonso Fraguela dijo   sorprenderle que en medio de una catástrofe mundial y de la cual nuestro país no se escapa, se haya permitido un acto de esta magnitud en la oscuridad de una pandemia.

Siento que los recursos del Estado y de la Caja del Seguro Social deben ser priorizados en Salud y Alimentos para los residentes del país. Cualquier acto de esta índole no tienen la prioridad que espera el pueblo.

“Suponemos que ahora saldrán “las excusas que eso de qué se trata y que nadie sabe nada de eso? probablemente el discurso repetitivo del Presidente que  no lo pongan a prueba, a lo cual me pregunto no se ha dado cuenta que ya lo están poniendo a prueba, es el momento de reaccionar y defender los intereses de la nación y de todos los asociados“, señaló Fraguela.

Igual que el Contralor, ya que esta cuarentena que estamos viviendo nos tiene los ojos puestos en el desempeño de quienes gobiernan, para evitar goles, y si ellos no lo ven nosotros el pueblo somos la defensa de este equipo que se llama Panamá.

La empresa  Intercontinental de  Medicamentos es señalada  en corrupción por  actos de corrupción  y defraudación fiscal  al gobierno  mexicano y fue  vetada  por el presidente de  este  país.

Medios  mexicanos  informaron de  supuestas irregularidades de la empresa, entre ellas; registros de depósitos por 667 millones de pesos y retiros por 666 millones de pesos, aportaciones de los gobiernos estatales de Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Guajaca y Tamaulipas por 7 mil 083 millones de pesos y a partir de ahí, transferencias internacionales por 3.8 millones de dólares principalmente a los Estados Unidos.

Se conoció también que la empresa, a pesar de haber ganado por adjudicación directa 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas fiscales por 410 millones. “Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero, la única explicación posible es una defraudación de naturaleza fiscal, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa y evidentemente una falta de compromiso con el sector salud”, se afirmó en la conferencia de prensa.