Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá 
El abogado Ramiro Guerra expresó fuertes críticas al proyecto de ley 163, que busca reformar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), calificándolo como “violatorio a la Constitución Nacional”, un retroceso al constitucionalismo social que ha caracterizado a Panamá desde la Carta Magna de 1946 y un documento demoledor para los trabajadores.
Guerra señaló que el proyecto elimina el enfoque de tutela de derechos colectivos y sociales, consagrado en el Título III, Capítulo VI de la Constitución de 1972, donde el Estado tiene la obligación de proteger los derechos sociales.
“Este proyecto de ley destruye el carácter solidario del sistema de pensiones, afectando directamente la vida y la subsistencia de los trabajadores”, aseguró.
El abogado destacó que la propuesta, bajo un sistema de capitalización individual, reduce las pensiones a montos insignificantes en un país con un elevado costo de vida.
“Estamos hablando de pensiones de miseria que condenan a los trabajadores a la pobreza, tal como ha sucedido en países como Chile, donde este modelo fracasó”, subrayó Guerra, citando estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto negativo de sistemas individualistas.
Además, advirtió que el proyecto permitiría la transferencia de los recursos financieros de la CSS al sector privado y al extranjero, lo que vulneraría aún más la seguridad social en Panamá.
“Esto es un golpe directo al carácter solidario del sistema, beneficiando únicamente al capital financiero internacional”, afirmó.
Guerra también expresó preocupación por el impacto que esta reforma tendría en mujeres y jóvenes trabajadores, sectores más vulnerables en un mercado laboral inestable.
“Los jóvenes que comiencen a cotizar bajo esta ley no alcanzarán pensiones dignas, y las mujeres, como principales afectadas, ya se están organizando para marchar el 25 de noviembre en rechazo a este proyecto”, dijo
El abogado advirtió que, de ser aprobada, la norma sería demandada ante la Corte Suprema de Justicia por violar el enfoque social de la Constitución.
“Este proyecto no mejora los derechos humanos, los degrada. Es un retroceso que recuerda al constitucionalismo individualista del inicio de la República, ya superado por nuestra Carta Magna”, señaló.
El abogado reiteró que el proyecto de ley 163, atenta contra la Constitución Nacional y vulnera los derechos sociales y colectivos de los trabajadores panameños.
Guerra argumentó que la Constitución de 1946 y la de 1972 consagraron un enfoque social, colocando al Estado como garante de la tutela de los derechos colectivos.
Sin embargo, sostuvo que esta iniciativa legislativa “destruye ese carácter social”, alejándose de la solidaridad que históricamente ha regido la seguridad social en Panamá.
“Este modelo individualista no tiene nada de solidario. Es un sistema neoliberal que elimina los avances sociales y transfiere los recursos de los trabajadores al capital financiero internacional”, enfatizó.
Guerra advirtió que, de aprobarse la ley, se interpondrán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, resaltó que ya hay movimientos sociales y organizaciones, especialmente de mujeres y jóvenes, preparándose para manifestarse en contra de la reforma.
“Panamá no necesita retroceder a un modelo individualista y excluyente. Este es un momento para fortalecer el sistema solidario y garantizar pensiones dignas para todos los panameños”, aseguró.
Finalmente Guerra, un ferviente defensor de los trabajadores, citó al economista Gilberto Tuñón, que en una ecuación matemática utilizando los mismos números que presentó el director de la CSS dijo que un trabajador para jubilarse con 816.00 dólares mensuales, debe ahorrar en su cuenta individual unos 150,000 dólares en su vida laboral.
Aseguró que para llegar a esa suma deberá tener un salario mensual promedio en toda su carrera laboral de unos 4,166 dólares.
En cambio, con la ley actual y ese salario promedio de los últimos diez años, su  pensión será de 2,500 dólares, dijo Guerra.