Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
Una querella penal ha sido presentada contra el Director Nacional de Recursos Minerales, Alfredo Burgos, junto a la subdirectora Noris Guillén y Jorge Ángel Vargas Lasso, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad.
La acción legal  impulsada por la firma forense Jaén & Asociados, en representación del abogado Valentín Jaén Cocheran, incluye además una demanda civil por daños y perjuicios que han sido provisionalmente tasados en cuatro millones de dólares.
De acuerdo con la querella, los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) habrían permitido que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) interfiriera indebidamente en asuntos que competen exclusivamente al MICI, en materia de concesiones mineras.
Por este caso el Administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, también enfrenta una querella penal por abuso de autoridad y por supuestamente infringir el artículo 316 de la Constitución Nacional.
Este artículo de la Carta Magna establece que «Los bienes y recursos naturales dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá son patrimonio inalienable de la Nación. Su administración y regulación corresponden al Estado, y su uso debe garantizar el funcionamiento eficiente del Canal y la protección del ambiente.»
Según esta norma constitucional mencionada en la denuncia, la administración del canal estaría asumiendo funciones que no le corresponden en relación con la administración de los recursos minerales dentro de la cuenca hidrográfica del Canal.
Además se argumenta en la querella que la ACP estaría usurpando la competencia exclusiva del MICI, lo que configuraría un abuso de autoridad y una violación constitucional.
El 7 de febrero se presentó un impulso procesal dentro del caso, denunciando la aparente inacción de los funcionarios del MICI, quienes habrían dejado de aplicar estrictamente la ley en favor de intereses particulares.
Según los denunciantes, las decisiones sobre concesiones mineras han sido manejadas de manera arbitraria, beneficiando a unos mientras perjudican a otros en situaciones similares.
Asimismo, se cuestionó la posible intervención del ex procurador Javier Carballo, quien presuntamente estuvo protegiendo al administrador de la ACP, cuando estuvo al frente del Ministerio Público.
Tras esta supuesta irregularidad se hace necesaria una investigación transparente e imparcial para esclarecer los hechos y garantizar la correcta aplicación de la justicia en este caso, dijeron los abogados.
La firma forense Jaén & Asociados advirtió que, de persistir estas prácticas irregulares, se presentará una querella penal contra el Ministro del MICI, Julio Moltó, por incumplimiento de la ley y daños a los promotores del sector minero.