Querellas y embargos deben presentarse contra funcionarios implicados en caso Panama Ports Company
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El presidente de la Asociación Nacional de Juristas de Panamá (Anajupa) Luis De León Arias, afirmó que los funcionarios que incurrieron en irregularidades en el caso de Panamá Ports Company deben ser querellados, y que el Tribunal de Cuentas está obligado a imponer medidas como secuestros y embargos para resarcir el daño causado al erario.
De León Arias que también es decano de la facultad de derecho de la Columbus University subrayó que la investigación por la lesión patrimonial que afecta a los bienes del Estado corresponde, por mandato constitucional, a la Fiscalía General de Cuentas.
Recordó que el artículo 280, numeral 13, de la Constitución Política de Panamá, establece claramente que la Contraloría General de la República debe presentar un informe de auditoría a través del Tribunal de Cuentas para que se proceda con el juzgamiento correspondiente.
A esto se suma lo dispuesto en el artículo 281 de la Carta Magna y en la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que organiza esta jurisdicción especial.
“El Ministerio Público debe investigar el delito, pero es la Fiscalía General de Cuentas quien tiene la competencia de investigar la afectación patrimonial”, precisó el jurista, dejando claro que ambos entes tienen roles complementarios pero diferenciados en el proceso.
«Una fábula de impunidad»
De León Arias no dudó en denunciar lo que calificó como «una fábula de impunidad» que se teje alrededor del caso ante la opinión pública.
Según explicó, se construye una narrativa que intenta convencer a la ciudadanía de que, aunque el delito exista, se proclama como inexistente.
«Se cuenta un cuento que para la opinión pública es una verdad: existe el delito, pero se declara inexistente. Es como decía el filósofo Confucio, creador de la doctrina del confucionismo: «Sabes que se sabe, lo que se sabe, y no se sabe, lo que no se sabe», citó De León Arias para ilustrar la paradoja que, según él, domina el escenario nacional.
El catedrático criticó el hecho de que nadie se considera corrupto hasta que se prueba lo contrario, lo cual se convierte en un obstáculo para la aplicación efectiva de la justicia.
«El Estado se convierte en cómplice de que los corruptos actúen con impunidad, una especie de inmunidad de facto», denunció el experimentado abogado.
El experto en leyes explicó que, además de ser sujeto de derecho, el Estado es también sujeto procesal, lo que significa que puede actuar como demandante y demandado en estos procesos.
En ese contexto, señaló que es crucial que las instituciones públicas adopten una postura firme para proteger los intereses nacionales.
Exhortación presidencial insuficiente
De León Arias valoró positivamente que el presidente de la República haya exhortado a los funcionarios del actual Gobierno a denunciar las irregularidades y lesiones patrimoniales cometidas por la administración anterior.
Sin embargo, advirtió que esta exhortación no es suficiente si no va acompañada de acciones concretas y procedimientos efectivos.
«En la formulación de la denuncia, el denunciante no se constituye en parte dentro del proceso ni se obliga a probar su relato. La carga de la investigación recae entonces sobre el Ministerio Público como rector de la acción penal, una acción muy compleja que requiere tiempo, recursos y voluntad política», explicó.
Insistió en que la simple presentación de denuncias no asegura la reparación del daño ni la sanción de los responsables.
Para De León Arias, es imprescindible que el Tribunal de Cuentas actúe con determinación, imponiendo medidas cautelares como secuestros y embargos de bienes para garantizar la recuperación de los recursos del Estado.
«De lo contrario, seguiremos viendo cómo se perpetúa la impunidad, mientras el pueblo panameño carga con las consecuencias de la corrupción», concluyó el presidente de Anajupa.