Javier Collins Agnew  / La Verdad Panamá
La Asociación Nacional de Juristas de Panamá (ANAJUPA), emitió un comunicado con una serie de propuestas encaminadas a garantizar la sostenibilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la estabilidad del sistema de seguridad social en el país.
La ANAJUPA advirtió que el programa IVM enfrenta un inminente colapso, lo que pondría en riesgo el pago completo de las pensiones de los jubilados a partir de 2025.
Según Luis de León Arias, vocero de la asociación, la Ley 51 de 2005 está desfasada y requiere una actualización urgente que contemple la realidad económica y social del país.
Basándose en el artículo 109 de la Constitución de Panamá, que establece la responsabilidad del Estado de velar por la salud de la población, ANAJUPA enfatizó la necesidad de que el Ejecutivo presente información transparente y detallada sobre el estado financiero de la CSS.
Asimismo, destacó la obligación del Ministerio Público de perseguir penalmente a quienes retengan indebidamente las cuotas obrero-patronales, en línea con los artículos 241 y 242 del Código Penal.
La asociación también cuestionó la propuesta de financiar el sistema mediante la afiliación obligatoria de los trabajadores informales, argumentando que muchos de ellos, debido a su precariedad económica, no tienen capacidad de cotizar.
En el documento ANAJUPA planteó varias medidas para incrementar los fondos de reserva de la CSS sin necesidad de aumentar la edad de jubilación:
1. Recuperación de cartera morosa: Exigir el pago de cuotas adeudadas tanto por empleadores del sector privado como por el Estado.
2. Revisión de leyes fiscales: Eliminar exoneraciones de impuestos que favorecen a pequeños sectores sin generar beneficios significativos para el país.
3. Reducción de gastos innecesarios:
Eliminar subsidios a partidos políticos.
Reasignar ingresos adicionales de agentes diplomáticos y notarios mediante un salario fijo.
Destinar los ingresos de la Lotería Nacional exclusivamente al fortalecimiento de la CSS.
4. Optimización de bienes estatales: Reubicar oficinas públicas en propiedades estatales para reducir el gasto en alquileres y usar esos fondos en obras sociales.
Finalmente, la asociación hizo un llamado a establecer políticas que fomenten la inversión nacional y extranjera, garantizando seguridad jurídica y generando empleo para sectores desempleados.
“Estas medidas permitirán fortalecer el sistema sin recurrir a políticas que castiguen aún más a la población trabajadora”, concluyó De León.