Reflexión
Los ciudadanos legítimamente preocupados por lo que acontece en su país, Panamá, observan que en materia de institucionalidad democrática caminamos dando tumbos en uno de sus principales pilares, entiéndase, la administración de justicia.
La percepción de una justicia selectiva, en la que el debido proceso y la presunción de inocencia, están al criterio de los funcionarios de instrucción, está minando las bases del Estado , del respeto de los derechos humanos y la decepción de un importante sector de la población que aún conserva la esperanza en un Ministerio Público que persiga el delito pero no a las personas.
Las consideraciones especiales a ciudadanos pertenecientes al partido político gobernante que supuestamente han delinquido y la aplicación discrecional de la detención preventiva, cuando existen otras medidas cautelares menos severas en el Código Penal, dejan en evidencia un sistema que funciona en contravía de un Estado de derecho, en el que se respeten las garantías individuales.
El que cometió un delito que enfrente las consecuencias y el rigor de la sanción que ello conlleva, pero siempre dentro del marco del debido proceso.
(Nota editorial de Abril)
