Javier Collins Agnew  / La Verdad Panamá 
Los nuevos representantes de corregimiento que han encontrado juntas comunales desmanteladas y con irregularidades deben presentar denuncias penales, de lo contrario estarían cometiendo un delito, advirtió el diputado Ernesto Cedeño.
“Tú no te puedes quedar callado y los representantes tienen la obligación como funcionario público de presentar la denuncia”, señaló Cedeño.
Los representantes de corregimiento que no presenten denuncias penales ante irregularidades detectadas en las juntas comunales estarían cometiendo un delito tipificado en el Código Penal como “infracción de deberes de los servidores públicos”.
Al menos unas 10 juntas comunales a nivel nacional han utilizado los medios de comunicación y redes sociales para denunciar el mal estado en que recibieron las estructuras de estos gobiernos locales.
Los nuevos ediles han reportado la falta de informes financieros, planillas con “botellas”, la eliminación de redes sociales y la ausencia de documentos.
Las quejas provienen de juntas comunales como las de San Francisco, Ancón, Parque Lefevre, Juan Díaz, Capellanía en Antón, Omar Torrijos en San Miguelito y Burunga en Arraiján, entre otras.
Explicó que si hay una serie de irregularidades, como la falta de informes financieros, planillas con “botellas”, eliminación de redes sociales, ausencia de documentos, y una acumulación de delitos, los responsables podrían ser condenados a 10 años de cárcel.
Cedeño dijo que el Ejecutivo no puede ser “el padre de familia de todo el país” y que los gobiernos locales deben asumir un rol adecuado para atender las necesidades de las comunidades.
El diputado destacó que los representantes de corregimiento deben jugar un papel más protagónico y cercano a la comunidad, ya que la descentralización del trabajo, es fundamental.
Cedeño instó a la Contraloría General de la República a publicar un manual sobre cómo se debe entregar un despacho al sucesor, y a realizar auditorías concomitantes antes de que los representantes salientes abandonen las juntas.
“El país requiere un contralor que de verdad controle y ojalá que el próximo contralor haga su papel de fiscalización”, afirmó el diputado, quien criticó a contralores “complacientes” en el pasado.
Por su parte, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió también a los nuevos funcionarios que presenten las denuncias correspondientes ante las irregularidades encontradas
Los representantes que omitan denunciar irregularidades estarían incurriendo en un delito de infracción de deberes, que podría acarrear sanciones penales.
En tanto, los representantes responsables de la destrucción de las juntas comunales podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel, pero si no se presentan las denuncias, los responsables no pagarán por el mal manejo que dieron a los bienes del Estado.