Se realiza audiencia de control de garantías de desistimiento
El magistrado José E. Ayú Prado Canals, actuando como juez de garantías, admitió el desistimiento que presentó el señor Juan Carlos Abrego Quiroz de la denuncia interpuesta contra un diputado suplente de la Asamblea Nacional de Diputados, por la supuesta comisión del delito de hurto de un reloj.
Además, el magistrado de garantías declaró la extinción de la acción penal y ordenó el archivo de la causa, en la cual no hubo previamente imputación de cargos, ni formulación de imputación.
La decisión se fundamentó en los artículos 155 y 206 de la Constitución Política, el cual establece que los miembros de la Asamblea Nacional son investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia; en el artículo 201, numeral 2 del Código Procesal Penal, el cual determina que el delito de hurto es desistible; y en el artículo 203 de este mismo Código que se refiere al control judicial del desistimiento.
Esta decisión se dio durante una audiencia de control, que duró menos de 25 minutos, realizada este 2 de febrero de 2017, luego que el 1° de febrero, el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano solicitara la audiencia.
Durante la audiencia, el magistrado fiscal alegó que la víctima fue resarcida y decidió el desistimiento de la denuncia, como lo establece el artículo 203 del Código Procesal Penal.
Por su parte, la defensa del diputado suplente solicitó que en base a este artículo, se extinguiera la acción penal y se ordenara el archivo de la causa.
En este acto de audiencia, la víctima declaró que sí hubo un resarcimiento por parte del diputado suplente, no fue coaccionado ni amenazado para establecer este acuerdo, y que fue de manera voluntaria.
El hecho que originó esta causa surge el 10 de septiembre de 2014, cuando el señor Abrego Quiroz denunció el hurto de su reloj, en la sección de Seguridad, al ingreso del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El proceso especial fue admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de diciembre de 2015, en donde se designó como fiscal al magistrad Abel Augusto Zamorano y como juez de garantías al magistrado José E. Ayú Prado C.
