Sin aumento en la edad de jubilación no habrá sostenibilidad financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y agravaría la crisis
El incremento en la edad de jubilación es una medida clave para la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), pero su eliminación en la reforma que debate la Asamblea Nacional podría hacer insostenible el sistema, advirtió Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Indicó a La Verdad Panamá que la propuesta original del Ejecutivo contemplaba una serie de ajustes estructurales dirigidos a garantizar la estabilidad del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual enfrenta un déficit creciente que podría agotar sus reservas en los próximos años. Sin embargo, la eliminación del aumento en la edad de jubilación dentro del proyecto de ley actualmente en discusión podría agravar la crisis del sistema, ya que prolongaría el periodo en el que los trabajadores reciben pensiones sin un respaldo financiero suficiente.
De acuerdo con datos de la CSS, el régimen de pensiones enfrenta un grave problema de liquidez debido al envejecimiento de la población y a la disminución de nuevos cotizantes. Expertos en seguridad social han advertido que, sin cambios estructurales, el Estado deberá inyectar recursos públicos cada vez mayores para cubrir el déficit del sistema, lo que podría afectar otras áreas prioritarias del presupuesto nacional.
Rosas señaló que la falta de una decisión clara sobre la edad de jubilación podría generar incertidumbre en el sector empresarial y desincentivar la inversión, lo que impactaría directamente en la creación de empleos. «No se trata solo de aumentar la edad de jubilación sin más. Debemos acompañar esta medida con políticas que fortalezcan la generación de empleo formal y mejoren la productividad», afirmó.
Sobre las alternativas para financiar el sistema, el empresario indicó que es posible mejorar la recaudación de impuestos, revisar exoneraciones y subsidios, y fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar la evasión de cuotas obrero-patronal.
No obstante, advirtió que, sin ajustes en la edad de jubilación, estas medidas serán insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Rosas destacó que el sector empleador está dispuesto a asumir un incremento gradual en la cuota patronal, siempre que esto se haga de manera escalonada para no afectar a las pequeñas y medianas empresas. «Las empresas ya enfrentan altos costos operativos, y un aumento abrupto en las cotizaciones podría traducirse en una menor contratación de personal o incluso en despidos», agregó.
En cuanto a la posibilidad de que el presidente vete el proyecto de ley si este no contempla ajustes en la edad de jubilación, Rosas advirtió que esta decisión podría generar incertidumbre económica y afectar la calificación de riesgo del país ante organismos internacionales. «El tema de la CSS es seguido muy de cerca por los inversionistas y calificadoras de riesgo. Si no resolvemos este problema con una solución sostenible, podríamos enfrentar consecuencias graves en términos de confianza y estabilidad financiera», alertó.
Asimismo, el empresario enfatizó que la falta de consenso en materia de seguridad social podría dificultar la implementación de otras reformas necesarias para la estabilidad económica del país.
Plan de reactivación económica
Sobre el Plan de Reactivación Económica de 350 millones de dólares anunciado por el Ejecutivo, Rosas explicó que este se basa en la inversión pública en infraestructura, salud y agua, lo que podría impulsar el crecimiento si se ejecuta correctamente. No obstante, alertó sobre la necesidad de evitar retrasos en los pagos a contratistas, lo que podría afectar el impacto positivo de la inversión.
Finalmente, hizo un llamado a evitar huelgas y protestas que perjudiquen la economía nacional, especialmente en un momento en que Panamá necesita estabilidad para atraer inversión y generar empleo. También se refirió al sector minero como una posible fuente de ingresos para el país, aunque insistió en la necesidad de cumplir con normativas ambientales y garantizar un marco legal adecuado.