Tongo bota’o no pone boleta, le dice Mulino al contralor quien lo desafía al continuar con plan de retiro voluntario
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El contralor general de la República, Gerardo Solís, continúa desafiando al presidente José Raúl Mulino al poner en marcha un plan de retiro voluntario para los funcionarios de la Contraloría General.
Esta y otras medidas anteriores de Solis ha generado fricciones entre ambas autoridades, en especial después de que Mulino advirtiera públicamente que el proyecto “no va”.
En una clara muestra de descontento, el mandatario utilizó una popular frase para enviarle un mensaje al contralor: “Tongo botao no pone boleta”, dejando claro que a poco tiempo de finalizar su periodo del cargo no tiene poder para impulsar ese proyecto, además que no avala el plan de Solís.
Desde la derrota del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las últimas elecciones, el contralor ha mostrado una actitud desafiante, afirmando incluso que Mulino no es su jefe, lo que ha intensificado las tensiones políticas.
Solís ya había protagonizado controversias similares anteriormente, cuando aprobó la liquidación del gerente general de Etesa y de otros altos funcionarios de esa entidad, quienes exigían el pago de indemnizaciones antes de abandonar sus puestos.
En esta oportunidad el mandatario le solicitó que no sea pagada la liquidación que se encontraba en trámite en esa institución por el monto de 250 mil dólares en favor del gerente general de Etesa, Carlos Mosquera Castillo, pero se desconoce cual fue el desenlace.
“Los cargos por periodo de 5 años, sobretodo los de libre remoción o funcionarios de confianza, terminan el 30 junio”, escribió Mulino.
Aseguró el mandatario que no va a permitir novedosas maneras de terminar tales cargos a través de fórmulas de mutuos acuerdo que no representan otra cosa que un abuso contra los fondos de la nación.
Ahora con este plan, Solís parece continuar retando al presidente tras la solicitud del mandatario de que abstenga de implementar un plan de retiro voluntario con gratificación para los funcionarios de la Contraloría.
El polémico Programa de Gratificación Especial por Retiro Voluntario, del cual, hasta el momento, se desconoce el monto exacto asignado para financiarlo, ha generado criticas en las redes sociales.
La Resolución Núm. 1805-24-DNDRH, publicada el 9 de octubre en la Gaceta Oficial, establece que los servidores públicos que voluntariamente deseen retirarse podrán recibir una gratificación especial, calculada en base a su tiempo de servicio.
Sin embargo, la falta de claridad sobre la partida presupuestaria asignada para este programa ha levantado serias preocupaciones, especialmente en un momento en que el gobierno ha implementado medidas de contención del gasto.
¿A quién beneficia realmente?
Este programa se presenta como una iniciativa para reconocer la trayectoria de servidores públicos con enfermedades crónicas o que ya están recibiendo pensiones de vejez.
No obstante, una fuente de la contraloría señaló que bajo esta justificación aparentemente altruista, se oculta una estrategia para beneficiar a ciertos funcionarios cercanos al contralor antes de que finalice su mandato.
Aseguró que Solís en lugar de priorizar una mejora en la eficiencia de la entidad, tiene interés en ofrecer un “último bono” a un grupo selecto de empleados públicos, lo que está generando tensiones dentro de la institución.
Uno de los aspectos más preocupantes del programa es la falta de información sobre el monto total destinado para financiar estas gratificaciones.
Aunque la resolución menciona que las aplicaciones serán aceptadas “en razón de la disponibilidad presupuestaria”, no se ha especificado cuánto dinero ha sido separado para este fin, ni cómo se determinará la sostenibilidad de estos pagos en el presupuesto general de la Contraloría.
Esta opacidad es alarmante, dadas las restricciones presupuestarias que enfrenta el país y justo cuando el contralor prepara maletas para abandonar su cargo, motivos que han despertado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta resolución.
¿Es este un mecanismo para premiar a allegados antes de su salida? Las preguntas abundan y la falta de respuestas claras solo incrementa el malestar entre quienes demandan mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La cibernauta magalys46 asegura que este plan, parece estar dirigido a beneficiar a ciertos funcionarios antes de la salida del puesto, mientras que martinlh posteó que la exclusividad de la gratificación para aquellos que ya reciben una pensión plantea dudas sobre si es necesaria.
En tanto maritrod criticó el despilfarro de millones de dólares que serían destinados a estos funcionarios jubilados para que se retiren del cargo.
Por su parte, manuelmurillobatista comentó en la red social Instagram que la constitución dice que no hay fuerod ni privilegios, “los jubilados estamos esperando el pago de los intereses del Cepadem y no hay dinero para nosotros, pero se salvó Leandro Avila.
Otro comentarios señalan que uno de los grandes problemas es mantener personas jubiladas trabajando en el Estado, que truncan la oportunidad de empleo a la nueva generación de jóvenes, pero critican que se le tenga que pagar indemnizaciones para que se retiren a descansar.
En esa misma linea mar.chavez.3745 destacó que no debe haber ningún programa de jubilación en la contraloria. “Deben jubilarse y ya darle oportunidad a otros profesionales al igual que en otras entidades del Estado.
En medio de la presión ciudadana por un uso responsable de los recursos del Estado, la Contraloría tiene la responsabilidad de aclarar las condiciones y el financiamiento de este programa, una nueva maniobra de Solís antes de abandonar su cargo y que ha sido cuestionada duramente por el presidente Mulino.
La ciudadanía merece saber si este plan beneficia realmente a los servidores públicos más necesitados o si se trata de un regalo final para un grupo privilegiado.