Trabajadores en alerta ante declaraciones de Mulino sobre edad de jubilación y cuotas para resolver crisis del IVM
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El dirigente sindical Víctor Collado mantiene su preocupación ante la situación actual de la Caja de Seguro Social (CSS), y observa con cautela el compromiso gubernamental de no privatizar la institución, además de poner en duda el aumento mínimo de cuotas y el alza de edad para acogerse a la jubilación, anunciado por el presidente José Raúl Mulino.
El líder obrero dijo a La Verdad Panamá que esta preocupado por las recientes declaraciones del presidente en torno al futuro de la CSS, especialmente en lo relacionado con la posible privatización de las pensiones.
Aunque el presidente señaló que la entidad no será privatizada, Collado prefiere observar las palabras del mandatario con cautela.
A juicio del sindicalista, el verdadero debate no gira en torno a la privatización completa de la CSS, sino en la introducción de cuentas individuales en las pensiones, lo que, para él, representa una forma velada de privatización.
Collado también reconoce que las declaraciones del presidente sobre la seguridad de los jubilados durante su mandato son positivas, pero cuestiona si esta estabilidad se mantendrá más allá del actual período presidencial.
Asimismo, pone en duda qué significa realmente lo dicho por el presidente, «si hay que subir edad o cuota será muy poco cuando se haga» en las cotizaciones de los trabajadores y jubilados y la edad para acogerse a la jubilación, sugiriendo que cualquier alza, por mínima que sea, afectará negativamente a los sectores populares.
El dirigente también recordó las promesas del expresidente Laurentino Cortizo, quien durante su mandato afirmó que no implementaría medidas paramétricas que afectaran a los trabajadores.
Collado se pregunta si el actual presidente, Mulino, mantendrá una postura similar o si estará dispuesto a aplicar reformas que, aunque impopulares, se consideren necesarias para estabilizar las finanzas de la CSS.
Por último, Collado insistió en la importancia de debatir una reforma integral de la Caja, una postura que ha sido propuesta por organizaciones como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), a través del proyecto de ley 748.
Por su parte, el abogado y cientista político Ramiro Guerra ha ofrecido una crítica profunda sobre la situación actual de la CSS y las posibles soluciones que se discuten.
Guerra señaló que las medidas que se proponen parecen estar diseñadas para cargar el peso de la crisis sobre los hombros de los contribuyentes y los sectores populares, mientras que los grandes círculos de poder económico permanecen intocables.
Guerra cuestiona la falta de enfoque en sectores privilegiados de la economía, como los oligopolios y las empresas que operan bajo contratos ventajosos, como los que gestionan los puertos.
Según el jurista, estos sectores han obtenido beneficios considerables sin contribuir de manera justa al país, por lo que sugiere que parte de la solución a la crisis de la CSS podría encontrarse en una política fiscal más justa, basada en un sistema de contribución progresivo que permita aumentar la recaudación estatal sin impactar negativamente a los sectores más vulnerables.
Guerra advierte que la implementación de medidas paramétricas, como el aumento de la edad de jubilación o la reducción de los beneficios, junto con la eliminación de subsidios, podría empeorar las condiciones de vida de los sectores más pobres del país, incrementando la pobreza y reduciendo la capacidad de consumo de la población.
Collado aboga por proteger los derechos de los trabajadores y los jubilados, rechazando cualquier medida que pueda considerarse como privatización encubierta.
Mientras que Guerra sugiere una revisión más profunda del sistema económico y fiscal del país, señalando que las medidas de ajuste no deberían recaer exclusivamente en los sectores populares.
El gobierno, mientras tanto, se encuentra bajo presión para presentar un proyecto de ley que permita una solución sostenible a la crisis de la CSS, sin poner en riesgo los beneficios de los trabajadores ni comprometer la estabilidad económica del país.
Mulino aseguró que el proyecto será sometido a un escrutinio público, lo que podría abrir la puerta a un debate más amplio y participativo sobre el futuro de la seguridad social en Panamá.
La clave, según ambos expertos, radica en encontrar un equilibrio que garantice la sostenibilidad de la institución sin sacrificar los derechos de los más vulnerables.