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Un cierre más en el país por protestas provocaría la quiebra de empresas y una ola incontenible de desempleo

Alicia Jiménez, Presidente de la Federación de  Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), afirmó  que las empresas del país no pueden soportar un cierre más. “Desde 2022 hemos visto un deterioro en las condiciones económicas, exacerbado por los cierres del año pasado. La situación actual es insostenible; si no actuamos rápidamente, muchas empresas que aún operan en la formalidad se verán obligadas a cerrar, lo que agravará el desempleo y aumentará la informalidad”, afirmó.

Las declaraciones de la dirigente  empresarial surgen a raíz de los anuncios    hechos por organizaciones sociales que  amenazan con protestas y cierre de  calles  en el evento de que las reformas a la Caja de Seguro Social apunten al aumento en la edad de jubilación.

Jiménez destacó que el crecimiento de la informalidad laboral es uno de los principales desafíos que enfrenta el país. “Con un 7.4% de desempleo y un alarmante 47% de trabajadores en la informalidad, estamos en una encrucijada. Si no se toman medidas eficaces, la Caja del Seguro Social no podrá sostenerse, ya que cada vez hay menos cotizantes”, explicó.

La presidente de Fedecámaras  subrayó que la informalidad laboral tiene consecuencias devastadoras. “Cuando las empresas cierran, los trabajadores no solo pierden sus empleos formales, sino que se ven forzados a ingresar al mercado informal, donde no tienen acceso a beneficios ni a seguridad social. Esto genera un ciclo vicioso que es difícil de romper”, explicó.

Ante este escenario, la profesora hizo un llamado a los responsables de la política económica para que prioricen medidas que frenen el crecimiento del empleo informal. “Es esencial que el gobierno implemente políticas que incentiven a las empresas a operar en la formalidad y que ayuden a las personas a conseguir trabajos estables. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ver un incremento en el desempleo, que, a su vez, repercutirá en la sostenibilidad de la CSS”, advirtió.

Reformas  y aumento  en la edad de  jubilación

Uno de los puntos críticos en la agenda actual es la propuesta de aumentar la edad de jubilación. Indicó que, aunque esta medida podría ser parte de la solución, debe ser analizada con cuidado. “El promedio de vida ha aumentado y, aunque es necesario revisar la edad de jubilación, no podemos considerar esta opción como la única solución. Hay que explorar otras alternativas para mejorar el financiamiento de la CSS”, señaló.

Además, enfatizó la importancia de abordar este tema en el contexto de una serie de reformas integrales. “No se trata solo de aumentar la edad de jubilación, sino de implementar un conjunto de políticas que aborden la precariedad laboral y fomenten la creación de empleos formales. La informalidad no solo afecta las finanzas de la CSS, sino que también socava el tejido social del país”, argumentó.

Destacó la necesidad de una colaboración efectiva entre el sector privado, el sector laboral y el gobierno. “El presidente ha abierto un espacio para discutir propuestas y eso es un avance significativo. Sin embargo, necesitamos avanzar más allá de los debates y llevar acciones concretas que generen confianza en la economía. La incertidumbre no es un buen aliado”, afirmó.

El diálogo social es clave, mencionando que ya se han presentado propuestas desde diferentes sectores. “El sector privado y los gremios laborales han trabajado en propuestas concretas, y ahora estamos en la fase de evaluar los puntos de convergencia. Esto es esencial para que podamos llegar a un consenso y presentar un anteproyecto de ley a la Asamblea el 6 de noviembre”, dijo.

Finalmente, Jiménez comentó sobre el reciente presupuesto propuesto por el gobierno. “Si bien se ha anunciado una reducción respecto al año anterior, sigue existiendo un alto nivel de gastos en funcionamiento. En tiempos de crisis, es crucial que el presupuesto sea racional y que los recursos se destinen a áreas que promuevan el crecimiento y el bienestar social”, mencionó.

Esto deja en claro que el futuro económico del país depende de la capacidad de todos los actores involucrados para actuar con responsabilidad y visión. “Estamos en un momento crítico, donde cada decisión cuenta. Debemos actuar con urgencia, pero también con prudencia, buscando el equilibrio necesario para que nuestro país vuelva a estar en la senda del crecimiento”, concluyó.