Una propuesta de verdad

Por Omar Wong Wood

Periodista
Las propuestas electorales que en los próximos meses nos presenten los candidatos presidenciales para el 2019, tienen que ser vistas como lo que son: una plataforma teórica de trabajo que un grupo político partidista enfrentado en la contienda, presenta a los votantes. No son, bajo ningún concepto, un contrato notariado de fiel cumplimiento que obliga a quien lo propone a cumplirlo, o a nosotros a creerlo.

Los colectivos políticos y candidatos en pugna por la silla presidencial presentaran al electorado propuestas, que lejos de ser la solución a los problemas del país, simplemente intentan establecer las bases o ideas genéricas que supuestamente utilizarían para solucionarlos…eso es todo. No son, si serán jamás, palabras escritas en piedra.
Por lo general, las propuestas de gobierno se confunden con las frases electoreras. A muchos se nos olvida que éstas promesas de campaña casi todas celestiales, en el fondo tienen un contenido populista que solo busca votos, y nadie garantiza que al final del oscuro túnel de la diatriba electoral se cumplan.

Lamentablemente, para algunos estas “promesas” son el elemento más importante para decidir por quién votar. No obstante, no hay que olvidar que no son el único ítem que debe ser tomado en consideración para la fundamental decisión del 5 de mayo. Estamos obligados a reconocer que se trata de una decisión que requiere inteligencia, análisis, evaluación y sobre todo mucha memoria histórica y reciente.

Hay que ver hacia atrás y analizar en su más amplio espectro, el referencial y referente de cada candidato, de cada propuesta y de cada partido. Lo que está en juego es el futuro del país.

Panamá exige propuestas que proporcionen un nuevo enfoque, que formulen paradigmas y ofrezcan liberar a este pueblo de aquellas recetas cosméticas que desde siempre han limitado la solución creativa de nuestros problemas y desafíos como nación.
Necesitamos propuestas que expresen un pacto productivo nacional que le permita al país crecer con equidad y facilite la construcción de un modelo económico que limite la acumulación de aquellos pequeños grupos familiares que tanto daño han ocasionado. Promesas que fortalezcan el poder de adquisición de la población y eleven los niveles de bienestar de la mayoría de la población.

Propuestas que, sin renunciar al equilibrio macroeconómico, se ocupen de rearticular las cadenas productivas del mercado interno con el sector exportador; que estimulen y activen a la empresa, a la industria, a los trabajadores y a los productores, con una política de promoción y crecimiento que les brinde capacitación, certidumbre jurídica y social, infraestructura, apoyo logístico, estratégico y programático.

Una propuesta que sea capaz de definir las prioridades de la inserción de Panamá en la competencia global, y articule la capacidad de financiamiento, tecnología, producción, comercialización y distribución de nuestra economía.

Y aunque las propuestas electorales sean necesarias para que cada votante pueda medir la ejecución del candidato, una de las más sustantivas en 2019, debe ser las reformas constitucionales post elecciones generales. Estas reformas deben ser convocadas de manera inmediata por el nuevo presidente, con un objetivo no negociable: adecentar nuestro ya putrefacto sistema de justicia.

Panamá no puede seguir bajo el yugo de una Corte Suprema de Justicia que sigue líneas politiqueras desde el Ejecutivo y órdenes que emanan de las sedes de los partidos políticos o de las juntas directivas de los grandes conglomerados empresariales. Tampoco podemos seguir a merced de un Ministerio Publico perseguidor, que actúa según la temperatura del poder político-empresarial del momento.

Necesitamos, y con urgencia, de una administración de justicia que, según su configuración legal, sea justa, equitativa, y transparente.

Que los magistrados, por ejemplo,  sean elegidos con requisitos especiales como: 60 años, de edad mínima; contar con la experiencia que otorga la carrera judicial, la cual no puede ser menor a 15 años. El presidente debe enviar una lista de 30 aspirantes a las Asamblea Nacional para que ésta ratifique a 10, que se someterían no solo al escrutinio de los diputados, sino al voto secreto de una alta comisión evaluadora integrada por representantes de las universidades (facultades de Derecho), gremios abogadiles, Iglesia y la sociedad civil. Deben contar con un comprobado estatus moral y ético, el cual se sustentará en sus actos públicos o privados, y en el contenido de sus fallos.  Los nuevos magistrados, no deben cargar con el descredito que implica haber pertenecido a un partido político. No deben haber participado directa o indirectamente en la vida política partidista. Deben ser designado de por vida; pero también se debe establecer un mecanismo fácil para que puedan ser destituidos, cuando de manera fragrante emitan un fallo sin sustento jurídico o evidentemente parcializado para beneficiar a un tercero
Esto necesita el país en este momento.