Uso de Partida Discrecional es un acto inmoral y se constituye en un abuso de los gobiernos
Laurentino Cortizo la utilizó para costear 46 cirugías para personas gordas allegadas a su gobierno
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, cuestionó la existencia de la Partida Discrecional, calificando su uso como un acto inmoral y un abuso de los diferentes gobiernos en turno.
El abogado expresó su firme oposición a las partidas discrecionales que, aunque se amparan en una ley presupuestaria, las considera inconstitucionales por naturaleza.
Según Díaz, estas partidas no desarrollan ninguna de las responsabilidades del Estado hacia la población y representan un claro abuso por parte de los gobiernos de turno.
Partidas legales pero inmorales
Díaz argumenta que, a pesar de ser legales, estas partidas son inmorales e innecesarias. “El solo concepto de gastar dinero a criterio de alguien sin sustento es lo que constituye abuso”, afirmó.
Destacó que este tipo de financiamiento discrecional no solo carece de transparencia, sino que también perpetúa prácticas que favorecen a un selecto grupo en detrimento del bienestar general.
El exmagistrado advierte que cualquier intento de presentar una demanda de inconstitucionalidad podría ser ignorado o incluso manipulado por el Ejecutivo para evitar que los magistrados de la Corte Suprema declaren su ilegalidad.
“Es fundamental que se realicen reformas constitucionales que prohíban explícitamente las partidas discrecionales”, subrayó Díaz.
Uso que le dio Cortizo
El uso de estas partidas se encuentra bajo la lupa de la opinión pública, tras conocerse que el expresidente Laurentino Cortizo patrocinó 46 operaciones a personas gordas allegadas a su gobierno.
En medio de este panorama el actual mandatario José Raúl Mulino fue preguntado sobre el uso que le ha dado hasta el momento a la partida discrecional asignada a su persona.
“Aquí no se ha operado a ningún gordo ni se va a operar”, señaló el mandatario en clara alusión a las
cirugías bariátricas, financiadas por Cortizo.
El abogado Alfonso Fraguela, analista político, señaló que el uso que dio Cortizo a las partidas discrecionales generaron un malestar considerable entre la población.
Recordó que de esos fondos se realizaron operaciones bariátricas a personas que estaban ligadas al círculo cercano del ex presidente, dejando a otros panameños sin acceso a la atención médica necesaria.
Fraguela observa que “evidentemente hay muchas personas que no formaban parte de su círculo de poder y que probablemente requerían ese tipo de atención médica y no llegaron a recibirla”.
Según Fraguela, muchos ciudadanos hubieran deseado acceder a esos fondos, los cuales no son personales del ex presidente, sino recursos públicos destinados al bienestar común.
Por su parte el jurista Luis Fuentes Montenegro señaló que es necesario investigar las diversas situaciones irregulares que se han denunciado en el país, garantizando la presunción de inocencia y las debidas garantías procesales.
Sin embargo, advirtió que el verdadero problema radica en la falta de acción efectiva frente a estas denuncias.
“Panamá está sumergida en una esfera de denuncias, señalamientos y descubrimientos de irregularidades. Se habla de manejos delictivos de fondos públicos y del enriquecimiento sospechoso de algunos funcionarios, pero en el fondo de los fondos, no ocurre nada”, afirmó Fuentes Montenegro.
En su opinión, la justicia penal en el país sufre de una “superstición”, ya que se cree que existe y que debería funcionar, pero en realidad no lo hace o lo hace a medias.
El abogado también mencionó la existencia de un “encubrimiento solapado”, en el que los actos de corrupción son reducidos a ataques mediáticos y finalmente no se investiga ni se sanciona.
“No hay auténtico interés, valentía, ni voluntad política, administrativa ni jurisdiccional para atacar casos graves”, sostuvo, citando como ejemplo las 46 cirugías bariátricas que, fueron financiadas por el expresidente Laurentino Cortizo con fondos de la partida discrecional.
Fuentes Montenegro alertó sobre el dilema creciente que representa la impunidad y la inoperancia de la justicia penal en el país, destacando que esta situación se ha vuelto preocupante para el futuro de Panamá.